Los dirigentes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), Marco Mazatle Rojas y Ricardo Jiménez Ávila, tuvieron este lunes su primer acercamiento con el nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, a fin de documentar e iniciar el proceso de juicio político contra el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Precisó que a González Pérez se le expuso la serie de violaciones a las garantías de los poblanos cometidas por el panista, que ha “sembrado” el terror en las comunidades indígenas del estado.
En entrevista, Jiménez Ávila informó que el acercamiento se dio a través de la senadora Dolores Padierna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien intervino para que González Pérez reciba a una comisión de poblanos la próxima semana.
Entre esta comisión, adelantó, estarán los pobladores de Chalchihuapan, quienes han sufrido violaciones a sus garantías por parte de la administración morenovallista.
También participarán los hijos del alcalde de Canoa, Rocío y Javier Pérez, así como familiares del edil de La Resurrección, además de vecinos de la región de las Cholulas, para exponer el caso de la detención irregular de cuatro defensores de la tierra.
El dirigente informó que la senadora perredista presentará la próxima semana un punto de acuerdo ante la Cámara Alta del Congreso de la Unión para pedir la comparecencia de Moreno Valle.
Expuso que además de Padierna, este miércoles dialogarán con el dirigente del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya. Después vendrá el cabildeo con el presidente nacional del PRI nacional, César Camacho Quiroz; el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, y el senador panista Ernesto Cordero.
La finalidad –expuso– es exponer las violaciones a las que han sido objetos ciudadanos del estado de Puebla, por parte del gobierno de Moreno Valle “que se ha burlado de las comunidades del estado”.
Esto con el fin de que se exija, desde las diversas las fracciones parlamentarias del Senado, la comparecencia del mandatario estatal, para que explique dos temas: por qué el exceso de presos políticos en el estado, y el incumplimiento a las 11 recomendaciones emitidas por la CNDH, por el caso Chalchihuapan.
“Queremos lograr en definitiva solución a los conflictos sociales en Puebla, pues aquí en lugar de disminuir el número de presos políticos y actos represivos se incrementan, es decir, el gobierno de Rafael Moreno Valle no está en la disposición de dialogar para resolver las problemáticas”, señaló.
En cuanto a la reunión con la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR), Eliana García Laguna, indicó que la finalidad fue exponerle que en el estado de Puebla existen varios “focos rojos” en comunidades indígenas por la represión que viven de la actual administración.
“Le expusimos que si hay actos de violencia donde inclusive puedan haber personas muertas, como es en Chalchihuapan y Canoa, también serán responsables por no actuar a tiempo”, advirtió.
A la funcionaria también planteó el seguimiento a la denuncia contra el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, por el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Finalmente dijo que quieren impedir que en Puebla se repita el caso Ayotzinapa, pues la población está cansada de los abusos de poder del mandatario.
“Tampoco queremos que el gobierno federal actúe 10 días después de los hechos funestos que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas”, concluyó.