El pueblo de San Miguel Canoa decidió atrincherarse ante la embestida del gobierno del estado. Desde este fin de semana se prohibió la entrada a personal del Sistema Estatal y Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de la Secretaría de Salud (Ssa) y del ayuntamiento capitalino.
“No queremos obras, cobertores ni vacunas; queremos paz, que el gobierno respete nuestros derechos humanos y nuestra condición indígena”, fue la exigencia de los habitantes de esta junta auxiliar de origen náhuatl, que se ubica a unos 20 minutos de distancia de la ciudad de Puebla.
En asamblea pública, efectuada este viernes en la explanada principal de la comunidad, los pobladores nombraron un nuevo comité para que esté al frente del funcionamiento de los servicios básicos, ya que “el pueblo está a punto de estallar”.
Determinaron cerrar los accesos principales a personas ajenas a San Miguel Canoa, pues hicieron público que existen más órdenes de aprehensión en contra de los habitantes.
Asimismo, acordaron la realización de una procesión religiosa para este miércoles a la Catedral de Puebla a fin de exigir la liberación del alcalde Raúl Pérez Velázquez y de 43 presos políticos más en el estado.
Los habitantes de la junta auxiliar también convinieron adquirir alarmas para alertar a la población del ingreso de uniformados a la población, como sucede en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, a fin de frenar la detención de más vecinos.
Las alarmas serán colocadas en puntos estratégicos de la comunidad y se mantendrá vigilancia en los accesos principales a Canoa para impedir el paso de camionetas de la Policía Estatal y de gente extraña a la población.
Desde que fue aprehendido el alcalde Raúl Pérez la población mantiene vigilancia continua, de día y de noche, en la localidad ante la ausencia de autoridad y de Policía Comunitaria.
Esto a partir de que el gobierno del estado, a través del Congreso del estado, propuso una serie de reformas a la Ley Orgánica Municipal, aprobada en diciembre del año pasado, en donde desaparecen algunas facultades de los alcaldes auxiliares como jueces de paz y Ministerio Público adjunto.
A sus 21 años de edad, Rocío Pérez Pérez, hija del edil, asumió la defensa de San Miguel Canoa, que se quedó sin autoridades.
La estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) es quien está al frente de la lucha social de su pueblo, con la exigencia que originó que su padre esté en prisión: la reinstalación del registro civil y la derogación a la Ley Orgánica Municipal que dejó en la indefensión a las juntas auxiliares.
“Desde que entraron en vigor estas reformas, en perjuicio de la ciudadanía, no hay registros para recién nacidos ni para quienes mueren; ni hay control de la Policía de la comunidad, lo cual nos deja en el desamparo”, argumentó la joven con voz firme.
Luego de la detención de su padre, afirmó que el pueblo de Canoa está unido. Atrás quedaron las divisiones generadas por el ex funcionario del gabinete morenovallista, Germán Pérez, quien intentó ser presidente auxiliar de esta misma comunidad.
La alcaldía continúa cerrada por un “grupo de choque” ligado a Germán Pérez, mientras los regidores están escondidos por miedo a ser detenidos.
Ante este panorama, declaró, “no nos vamos a dejar, no hay más que defender nuestras tierras y no le tenemos miedo al gobernador”; sin embargo, pidió ayuda a las organizaciones sociales “porque ya no sabemos qué hacer” ante la falta de diálogo por parte del gobierno del ayuntamiento de Puebla.
El acalde sigue en el cargo: ayuntamiento
Unos 300 pobladores marcharon de Canoa a la alcaldía de Puebla para exigir al gobierno capitalino la libertad inmediata de Pérez Velázquez.
El secretario de Gobernación, Guillermo Aréchiga, fue quien recibió al contingente y sostuvo públicamente que el alcalde de Canoa no será removido del cargo, pues admitió que hasta ahora no existen pruebas en su contra por el manejo indebido de recursos públicos.
“No tenemos pruebas en contra del edil auxiliar de Canoa. Tenemos solamente los dichos de los pobladores, y ellos tienen que cumplir con lo que marca la ley, por lo que el edil auxiliar en este momento se mantiene firme en su cargo”, aseveró.