El abogado Antonio Lara Duque, representante del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, dio a conocer que el Juez Séptimo de Distrito en Puebla otorgó un amparo para la restitución de los agravios del inculpado, lo cual se traduce en la emisión de un nuevo auto de formal prisión o en su liberación, a falta de pruebas fehacientes. El amparo es el número 707/2014.
Con documentos oficiales en mano, Lara Duque explicó en rueda de prensa que han ido acreditan cada uno de los supuestos delitos cometidos por Flores Solís, que suman casi diez, donde han argumentado con oficios que los quejosos han incurrido en falsedad de declaraciones.
Entre estos –señalaron- está el empleado de la empresa italiana Bonatti SPA que ejecuta la obra del gasoducto, José Alí Reyes Méndez, a quien acusarán penalmente por falsear declaraciones contra Juan Carlos Flores Solís.
En ese sentido, el litigante explicó que dentro del proceso penal 121/2014 seguido ante el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Atlixco, por los delitos de robo agravado en contra de un trabajador de la firma italiana, la defensa logró acreditar con documental pública solicitada por el juez, que el luchador social se encontraba en un lugar distinto al que le formularon con la imputación, razón por la cual esa acusación se derrumba totalmente.
En dicho expediente, relató que el empleado de Bonatti, José Alí Reyes acusó a Juan Carlos Flores Solís de ordenar a la comisariada ejidal San Felipe Xonacuyan, Enedina Rosas Vélez, robar dos celulares al trabajador.
Sin embargo, Lara Duque dijo que esta acusación no la pudo sostener pues existe un oficio que ese mismo día, el 7 de marzo de 2014, Flores Solís estaba reunido un funcionario de la Secretaría General de Gobierno del estado, Marco Antonio Herrera, como evidencio con el documento firmado por ambos.
“Esto además abre la puerta para que Enedina Rosas Vélez también salga en libertad, porque al no estar Juan Carlos Flores en el lugar ni momento, entonces no hubo una orden hacia ella para cometer el ilícito”, reveló.
Previendo que el gobierno pondrá obstáculos para la liberación de Flores Solís, el Centro de Derechos Humanos hizo un llamado a la administración morenovallista para que se apege a derecho y se respete y hagan valer las determinaciones jurisdiccionales que han resulto la situación jurídica del ambientalista.