Una reingenería al Poder Judicial, con la eliminación del Consejo de la Judicatura, la elección de magistrados a partir de una convocatoria abierta y no a propuesta del Ejecutivo local en turno, la reducción de edad para ejercer dicho cargo y otorgar plena autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros, propuso este martes el diputado morenista Víctor Manuel Báez López.
A través de una iniciativa de reforma a la Constitución Política local, la cual fue presentada este martes en la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura local, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política sostuvo que a través de estos planteamientos busca “un Poder Judicial fuerte, autónomo e independiente, como uno de los poderes fundamentales del Estado, cuya independencia es un valor que se debe preservar, toda vez que de ella depende que el sistema funcione adecuadamente”.
Una de las principales propuestas es la reforma para que el nombramiento de magistrados sea a través de una convocatoria pública y no por terna hecha por el mandatario estatal, “evitando el amiguismo y compadrazgo, que se ha venido dando a través del tiempo y que es necesario erradicar”.
Abundó que el actual proceso de designación, en el que el mandatario en turno propone a tres personas para ocupar el cargo previo nombramiento del Legislativo.
“No es abierto, pues no existe apertura para lograr la participación de abogados interesados en ocupar dichos cargos, ya que únicamente de manera unilateral el señor gobernador propone, hecho que genera incertidumbre, desconfianza, y además, que limita el cúmulo de opciones que puedan ser considerados por el Congreso local, ya que con la propuesta de la terna que el Ejecutivo envía al Poder Legislativo, este únicamente se limita a nombrar a los magistrados afines a los intereses del Ejecutivo, coartando los derechos de profesionistas, de poder aspirar al cargo”.
La propuesta de reforma del diputado de Morena propuso que la designación de magistrados sea previa emisión de convocatoria pública y abierta a la sociedad, hecha por el Legislativo, de la cual saldrían cinco personas mejor evaluadas y de éstas, el Ejecutivo propondría una terna de la cual, el Congreso nombraría al nuevo integrante del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, según sea el caso.
Aunado a ello, el abogado de profesión propuso reducir seis años la edad máxima que tendrían los aspirantes a magistrados y juez, al querer que esta se reduzca a 59 años al día de su designación, con la finalidad de que cuando cumplan el periodo de seis años de su encargo, tengan los 65 años de edad máxima que exige el cargo.
La propuesta, dijo, “no causa perjuicio, ya que la edad máxima de la persona que llegara a ocupar dicho encargo, sería de 59 años de edad, al momento de ser nombrado y al momento de dejar el cargo sería de 65 años de edad, sin que se viera en la necesidad de retirarse forzosamente, antes de cumplir con el encargo, por razón de edad”.
Además, planteó la necesidad de impedir la reelección del presidente del TSJE y del Tribunal de Justicia Administrativa, pues propuso que solo dure en el cargo dos años sin derecho a continuar por otro periodo más, ello con la finalidad de “obtener un mayor dinamismo y lograr la rotación constante de quien dirija estos Tribunales, evitando malas prácticas que puedan surgir por la larga duración en ese cargo, lo que provoca la poca productividad, e incumplimiento de las obligaciones”.
Báez López también propuso eliminar el Consejo de la Judicatura, porque aseguró que éste “ya no se cumple en su integridad… ha perdido su esencia, ha caído en el abuso y la improductividad, es decir hoy en día, tiene otras exigencias, que deben ser cubiertas, tomando en consideración nuevos modelos teóricos, jurídicos, políticos, económicos y sociales”.
Además, justificó que éste Consejo de la Judicatura permite la intromisión del Poder Ejecutivo y Legislativo, además de fomentar el dispendio de recursos para el pago de los consejeros.
“En la presente iniciativa se propone la desaparición del Consejo de la Judicatura Local, ya que, el propósito por el que fue creado, para vigilar la correcta administración y vigilancia del Tribunal Superior de Justicia, misma que no se ha cumplido, puesto que desde la creación solo ha servido para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales, influyan negativamente en los asuntos internos, violentando con esto la división de poderes establecido en nuestra Carta Magna, es por ello, que con esta propuesta se lograría una total y auténtica independencia, al no tener representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que obviamente los representantes nombrados por estos poderes, derivan de ciertas corrientes o partidos políticos”, dijo.
En su lugar, propuso la creación de la Junta de Gobierno, tanto para el TSJE como para el TJA, que estaría conformada por los integrantes de ambos tribunales y ejercerán el cargo de manera honorífica.
No obstante, en uno de los artículos transitorios propuso que los actuales Consejeros de la Judicatura, desempeñarán sus funciones hasta la fecha de conclusión de su nombramiento, y procederán a realizar la entrega recepción a partir del día siguiente, a la fecha en que concluya su nombramiento.
Otro de los puntos de esta reforma constitucional es dotar de autonomía al TJA y que no dependa del Poder Judicial local, como ahora ocurre, de ahí que propuso establecer que dicho Tribunal sea un órgano jurisdiccional, que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, dotado de plena autonomía en el ejercicio de sus atribuciones, para dictar sus fallos y con jurisdicción plena, residirá y ejercerá su competencia dentro del territorio del Estado y tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y los particulares; imponer en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales, en los términos que establezca la legislación correspondiente.
Por último, propuso que el nombramiento de jueces de primera instancia sea por periodos de seis años, y en caso de que en dicho periodo, “cumplan a cabalidad el encargo conferido”, podrán ser ratificados por otro periodo igual.
La propuesta del legislador Báez López fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local para su dictamen correspondiente.