La Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala se publicó el 13 de diciembre de 2007, es decir, hace ya más de 14 años. Durante este tiempo, el gobierno ha minimizado la violencia que viven las mujeres y se ha mostrado lento en la implementación de políticas públicas que atiendan el problema y hasta la fecha siguen sin considerar políticas educativas y reeducativas respecto a las masculinidades violentas, explotadoras y demandante de mujeres y niñas explotadas.
Dicha omisión gubernamental tiene como resultado la actual existencia de violencia hacia las mujeres en el estado y, por tanto, las legítimas expresiones de manifestación y protesta. Algunos ejemplos que dan muestra de esta afirmación es la información reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) que reportó en enero y febrero del presente año en Tlaxcala el registro de siete violaciones, 364 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, 358 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar y un feminicidio.
Por su parte, el 16 de marzo del presente año, los medios de comunicación difundieron que una estudiante de educación media superior, ubicada en el municipio de Huactzinco, fue víctima de un intento de violación por parte de un conductor de transporte público. En enero y febrero, el Sesnsp no reportó carpetas abiertas por el delito de trata con fines sexuales, sin embargo, desconocemos si en la Procuraduría estatal existen denuncias, como sucedió en 2021, que de enero a octubre solo se abrió una carpeta de investigación, pero hubo 61 denuncias.
Estos datos nos muestran a las víctimas de violencia y también nos muestran a quienes ejercemos la violencia. En sentido más amplio, muestran la impunidad y el mensaje a los hombres respecto a que pueden seguir tratando con inferioridad a las mujeres y violentarlas, pues no habrá sanción penal ni social.
La violencia hacia la mujeres y niñas no va a desaparecer espontáneamente, necesita la aplicación de las leyes en sentido integral, es decir, que prevengan la problemática, que protejan y atiendan a las víctimas y que sancionen a los violentadores; se requiere además de una sanción social a estas conductas; y de procesos educativos y reeducativos para los hombres, mediante los cuales se prevenga una masculinidad machista, explotadora y demandante de mujeres y niñas víctimas de explotación sexual.
Como hemos señalado en otros artículos de opinión, las escuelas son un espacio importante en el que se puede generar la prevención masculina. Al respecto, Belausteguigoitia y Mingo nos dicen que el ejercicio de pedagogías feministas en contextos educativos, deben nacer desde el descontento de ver cómo el patriarcado genera desigualdad entre hombres y mujeres en diversos ámbitos de la vida social, y agregaría yo cómo el patriarcado genera violencia entre nosotros los hombres. Es decir, nace de la indignación, lo cual implica ver y escuchar críticamente lo que se ha normalizado, ese es el proceso permanente que debe desarrollarse con la comunidad estudiantil.
Rita Segato nos dice que “Educarse como sujeto viril implica recorrer un periplo que deja huellas de extrema significancia; los llamados ritos de pasaje o pruebas de hombría entre pares son el mecanismo de control a nivel capilar del dispositivo de la masculinidad en singular y las formas de aprender la praxis del ejercicio del poder sobre los propios pares”. Este proceso se desarrolla desde la niñez, por ello el proceso educativo debe incorporarse desde el preescolar.
Es claro que el sistema patriarcal buscará seguir ralentizando la aplicación de leyes y políticas públicas, pues es su forma de sostenerse. Por tanto, es tarea social generar una presión desde diferentes frentes para dinamizar el cumplimiento de dichas leyes y políticas públicas que garanticen una vida libre de violencia y de explotación sexual hacia las mujeres y las niñas.