Por incurrir en actos y acciones presumibles de violencia política de género, atribuidas al edil de Totolac, Giovanni Pérez Briones, así como a regidores y funcionarios de esa Comuna, el Instituto Electoral de Tlaxcala (ITE) dictó diversas medidas cautelares y de protección a favor de la síndica, María Elena Conde Pérez.
Además, ordenaron dar vista a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala (PGJE), con la finalidad de que investigue y en su caso proceda, por la existencia de actos “probablemente constitutivos del delito de violencia política en contra de las mujeres por razón de género.
En sesión extraordinaria, los consejeros, al atender un resolutivo dentro del expediente especial sancionador, CQD-PE-MECP-CG-003-2021, emitido por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), ordenaron al edil perredista Giovanni Pérez Briones, así como el cabildo, tesorería y dirección jurídica, “atiendan en tiempo y forma de manera fundada y motivada las peticiones que, en ejercicio de la función de la Sindicatura Municipal, sean dirigidas y presentadas en las diversas áreas administrativas que conforman el municipio de Totolac, además se otorguen de forma permanente e ininterrumpida los elementos técnicos, económicos y materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones y facultades como representante legal del ayuntamiento”.
De manera puntual, mandataron al munícipe que se abstengan de realizar acto alguno por acción u omisión que repercuta en el ejercicio del desempeño de su cargo de la ciudadana María Elena Conde Pérez, como síndica, ya que encontraron elementos para advertir que el perredista no permite el cumplimiento de funciones de la representante legal de esa Comuna.
“Existe la presunción de que los actos encaminados a actualizar violencia política en razón de género en contra de la ciudadana Conde Pérez sobre sí misma y en su carácter de síndica municipal de Totolac, Tlaxcala, reúne elementos de prueba que integrados crean convicción de que la denunciante no ha logrado ejercer sus derecho a desempeñar su encargo conforme lo mandatan las leyes, es decir que existen aún elementos que hacen suponer que las funciones de la síndica municipal pudieran estar siendo afectadas por actos y omisiones de las personas con las que tiene relación por cuestiones inherentes a su cargo y que aquellas deben ser detenidas con medidas adecuadas y bastantes para que ante una eventual violencia política en contra de la mujer por razón de género, sus derechos sean protegidos de la forma más amplia y completa posibles”.
Respecto a la decisión de dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, los consejeros consideraron necesario a fin de que se investigue la posible comisión de un delito, y de paso, pidieron a dicha instancia, “elaborar el análisis de riesgo y un plan de seguridad dirigido a la ciudadana Conde Pérez,… a efecto de que la autoridad responsable implemente las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de la persona que con motivo de su actividad política se presuntivamente encuentra en un riesgo”.
En la misma sesión, los consejeros ordenaron a Enrique Acoltzi proceda a retirar, eliminar, borrar o blanquear todos y cada uno de los 11 anuncios pintados en diversas bardas ubicadas en los municipios de Santa Cruz Tlaxcala, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carbajal, y Contla de Juan Cuamatzi, por considerarlos violatorios a las disposiciones electorales.