Pocos días después de haber exigido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), disculparse públicamente por haber utilizado el nombre del secretario Víctor Toledo en un anteproyecto de decreto presidencial para hacer estudios sobre el glifosato (plaguicida, considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud), se filtró una grabación en la que se escucha la intervención de Víctor Toledo, secretario de la Semarnat, en una reunión celebrada entre algunas secretarías de Estado en marzo pasado, esto es, hace cinco meses.
Por supuesto, esas opiniones llaman a la reflexión porque provienen de un respetable y notable intelectual e investigador científico que incursiona en la administración pública. Dice Víctor Toledo: “No podemos idealizar la cuarta transformación, es un gobierno lleno de contradicciones.” Ciertamente, las contradicciones que ocurren dentro del gobierno federal derivan de su origen electoral donde participaron distintas fuerzas y partidos políticos para integrar, al triunfo, una especie de gobierno de coalición. Quisiéramos entender que la integración del aparato gubernamental se hizo incorporando como titulares en las distintas secretarías de Estado a quienes participaban de un propósito común: superar el neoliberalismo y separar el poder político del económico. La tarea, por supuesto, no es sencilla porque en ambos propósitos fundamentales hay coincidencias, pero también puede haber diferencias respecto del camino a seguir para alcanzar dichos propósitos.
Esas contradicciones no son antagónicas, aunque superarlas no es tarea sencilla pues se trata de eliminar al neoliberalismo, que no es sólo un modelo económico, sino que se trata también de un proyecto de organización social donde la economía desempeña un rol tan importante como la organización política, la jurídica o la cultural. Casi cuatro décadas de neoliberalismo no son fáciles de desarraigar, incluso de la conciencia individual y colectiva. La existencia de distintas opiniones sobre qué hacer para avanzar en la superación del neoliberalismo, son naturales, pero estas diferencias deben y pueden superarse por la vía del diálogo, crítico y respetuoso, entre quienes participan en el gobierno de la 4T. Las contradicciones se deben superar no ignorar y evitar que se conviertan en rémoras que frenen la transformación.
Las contradicciones antagónicas son las que causan daños severos al funcionamiento del aparato gubernamental, en este caso, derivarían de quienes no aceptan los objetivos de la 4T y asumen posturas que impiden superar el neoliberalismo o se resisten a separar el poder político del económico; como señala Toledo en la grabación filtrada: “[La Sader] está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecología y trata de imponer toda la visión que impera en el mundo con las grandes corporaciones.” Quienes no entiendan que la 4T es un proyecto que pone por delante lo social, nada tiene que hacer en un gobierno que no es el suyo; quien presiona a un secretario para que sea “más accesible con el Grupo México”, que está siendo muy presionado para que repare el daño que causaron los 40 millones de litros de residuos peligrosos arrojados hace seis años, contaminando los ríos Sonora y Bacanuchi afectando a unas 22 mil personas de ocho municipios sonorenses, poco o nada tiene que hacer en un gobierno que quiere transformar al país. Todo gobierno tiene contradicciones, pero en este caso hay conducción firme que asume la responsabilidad de la decisión final.
Se recupera el empleo y aumenta la recaudación
En un ambiente tan polarizado, como el tenemos en México, las buenas noticias casi no ocupan espacio en los medios. Una de esas buenas noticias se refiere al empleo y la economía. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), la población ocupada entre mayo y junio, aumentó en 4.7 millones, al pasar de 43.6 millones a 48.3 millones; así mismo, el ingreso real per cápita aumentó 10.4%, al pasar de los mil 422 pesos en mayo a mil 570 pesos en junio, es decir, 53.81 pesos más en promedio. Esto último se debe a que la inflación (variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que elabora el Inegi), en los últimos 12 meses, fue en junio 3.3%, la menor tasa de los últimos años; a esto se suma que, a pesar de los pronósticos de expertos, las remesas, que actúan como fondo salarial, siguen aumentando.
Por su parte el servicio de Administración Tributaria (SAT), recaudó 120 mil 600 millones de pesos derivados del programa de fiscalización a grandes contribuyentes. Con esto el gobierno aumenta su margen presupuestal y podrá continuar su política social sin necesidad de recurrir a elevar su deuda. Además, la inversión física del gobierno federal, en el primer semestre del año, aumentó 17.8% en términos reales, en comparación con el mismo periodo de 2019. Pero esto no es suficiente, falta la inversión privada que está muy rezagada. Es de esperar que la actitud política de algunos empresarios frente al gobierno, no le regatee al país su inversión. Aunque son capaces de eso y más.
El gobierno de Baja California cancela contrato leonino
En diciembre de 2017, el congreso de Baja California, de mayoría panista, aprobó un decreto en el que autorizó, al gobierno presidido por el panista Francisco Vega, formalizara el contrato con la empresa “Aguas de Rosarito” para que, mediante el programa de “asociación público-privada” (tan conocido en Puebla), instalar una planta desaladora que costaría al gobierno estatal más de nueve mil millones de pesos, lo cual significaba la obligación de pagar a la empresa 149 millones de pesos mensuales durante 37 años. Una verdadera barbaridad. El gobierno de Jaime Bonilla, simplemente canceló el contrato que hipotecaba los recursos gubernamentales y significaba sólo recaudar para pagar esa onerosa cantidad. Ahora. la insaciable empresa demanda al gobierno estatal por 100 millones de dólares, un atraco más, sin duda.
Ahora, se explica el por qué los panistas, que habían sido hegemónicos en Baja California, se opusieron con tanto denuedo a ampliar el periodo de gobierno de Bonilla.