Siete años después del asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, están pendientes de ejecutar dos órdenes de aprehensión. Una, contra de Crispín Salazar, líder del grupo Los Salazar, señalado como el autor intelectual del crimen, y otra, contra Wilbert Jasiel Vega Villa, uno de los ejecutores del homicidio.
Respecto a la presunta implicación de dos ex integrantes del comité directivo estatal del PAN en el homicidio de Miroslava Breach, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, declaró a La Jornada que de acuerdo con las investigaciones, ninguno actuó con dolo ni supo para qué quería información de la periodista el entonces alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) refieren que con intermediación de ex integrantes del comité estatal panista, Shultz pudo grabarla y conocer que ella había obtenido la información que puso al descubierto que familiares de líderes de la delincuencia organizada pretendían convertirse en candidatos a alcaldes y legisladores locales en los municipios serranos. Todos ellos enclavados en zonas en las que ellos controlaban la producción y trasiego de drogas para el cártel de Sinaloa.
Regalo a uno de Los Salazar
El entonces alcalde de Chínipas, de donde era originaria Miroslava Breach, entregó esa información a miembros de Los Salazar. Fue el propio líder quien ordenó el asesinato de la comunicadora y determinó que el crimen se cometiera el 23 de marzo de 2017, día en que su hermano Adán, fundador del grupo criminal, cumplía años.
En esa fecha, Adán Salazar estaba preso en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México El 18 de agosto de 2023 fue extraditado a Estados Unidos.
Durante el juicio en el cual se sentenció a 50 años de prisión a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry –quien organizó el operativo para asesinar a Miroslava Breach–, la FGR ya había dado cuenta de que posee elementos de prueba y testimonios con los cuales también se podrá condenar a Crispín Salazar y su sobrino Wilbert Jasiel Vega.
En los juicios que hemos tenido, la teoría del caso ha demostrado fuerte participación de ese grupo delictivo y que fue la estructura criminal la que dio la instrucción de agredir a Miroslava. Eso está en las pruebas, y hay muchos datos que lo sustentan. No se trata de un solo indicio ni es una circunstancia aislada, es una serie de pruebas que nos llevan a esa conclusión, y ya fueron desahogadas en juicio, refirió el titular de Feadle.
Jasiel Vega, sobrino de Crispín Salazar, consiguió el inmueble donde se preparó el ataque y condujo el vehículo en el que se trasladó el sicario Ramón Andrés Zavala Corral hasta inmediaciones de la casa de la periodista, el 23 de marzo de 2017.
Los caminos y pueblos de la zona serrana que conectan los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa se han convertido en el escondite de Crispín Salazar y su sobrino.
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Esas órdenes de aprehensión se están trabajando con la Policía Federal Ministerial, que es la encargada de cumplimentarlas. “Se han realizado varios intentos para detenerlos, pero la zona donde se encuentran es muy complicada, por ello seguimos trabajando con instituciones de inteligencia”, informó el titular de la Feadle.
En este caso, aunque se investigó, no se actuó jurídicamente contra Alberto Luévano Rodríguez, quien en marzo de 2017 era secretario general del PAN en Chihuahua –y después se convirtió en secretario particular del entonces gobernador de esa entidad, Javier Corral Jurado–, ni contra Alfredo Piñera, quien era vocero panista.
En ese contexto, Sánchez Pérez del Pozo afirmó:
“hay que ser muy claro en cuanto a los temas de auxilio que se hayan prestado a ese grupo delictivo. Para que haya responsabilidad penal debe existir conocimiento y dolo de que las acciones que se están realizando tienen como finalidad un homicidio”.
“En este caso, ya se sancionó a la persona que sí tenía conocimiento de esos hechos (Hugo Amed Schultz), y ya hay una sentencia condenatoria (ocho años) para quien auxilió a esas personas (los integrantes de Los Salazar).”
Shultz pudo valerse de otros individuos para obtener datos, pero no necesariamente esas personas (Luévano y Piñera) sabían para qué los querían, y eso no lo sanciona la ley penal, pero se llegó a un punto importante: “se obtuvieron datos de prueba para establecer que hubo un auxilio de esa parte, y el auxiliador ya está sentenciado”.