En la disputa de los 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso del litigio entre integrantes de la familia Jenkins, varios de los cuales permanecen prófugos.
El ministro Juan Luis Alcántara Carrancá fue quien aceptó la solicitud de ejercer su facultad de atracción sobre el caso.
La petición fue promovida por Elodia Sofía de Landa Irizar, Margarita Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Juan Carlos y Roberto Jenkins de Landa, quienes interpusieron una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) porque una juez de amparo les permitió ampliar su demanda, presuntamente fuera del plazo legal.
Será la primera vez en que el máximo tribunal del país intervendrá en el litigio que empezó desde 2016, cuando se denunció ante la FGR un esquema de defraudación, en el cual se constituyeron diversas fundaciones, incluso en Panamá, a las cuales se desviaron los fondos de la Fundación Jenkins.
De acuerdo con información dada a conocer anoche por La Jornada, este tipo de peticiones no pueden ser procesadas a menos que uno de los ministros de la SCJN la promueva.
Según consta en el acuerdo publicado en estrados, “ante la falta de legitimación de los quejosos, el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de la facultad de atracción”.
En este inicio de semana, el apoderado legal del nuevo patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Rodrigo Gurza Cárdenas, afirmó que es falso que la familia Jenkins haya ganado en lo individual o de forma colectiva un amparo para que no sea destituida de la fundación.
Aseguró que existen ordenes de aprehensión vigentes en contra de los Jenkins por su presunta participación en el delito de lavado de dinero al desviar alrededor de 720 millones de dólares del patrimonio de la fundación que lleva el mismo nombre.
Los ahora ex patronos fueron removidos por una decisión de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla (JCIAP), debido a que enfrentan ordenes de aprehensión al ser señalados de lavado de dinero y de desviar el patrimonio de la Fundación Jenkins a paraísos fiscales.
En junio pasado, el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil de Puebla otorgó una suspensión provisional a Margarita Jenkins de Landa para que fuera restituida como presidenta del Patronato de la Fundación Jenkins.
Sin embargo, el abogado refirió que esta resolución no es definitiva y fue recurrida por el nuevo Patronato, juicio que fue ganado a favor de esta última parte.
A la fecha, ningún otro juicio de amparo ha sido ganado por la familia Jenkins, pues la mayoría de los recursos han salido a favor de la contraparte.