Es preocupante que ante un contexto de violencia sexual en contra de niñas, los Congresos locales promuevan políticas como el ‘Pin Parental’, aseveró Marisol Escudero Martínez, integrante de la organización internacional IPAS México.
Durante la mesa de análisis “Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres”, organizada por la asociación civil Colectivo Mujer y Utopía, transmitida a través de redes sociales, señaló que uno de los retos en la materia es la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes, la cual tiene dos objetivos claros para el año 2030: reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes, entre 15 y 19 años, y erradicarla en niñas de 14 años o menos.
Pero –subrayó– las estadísticas actuales muestran una problemática nacional de violencia sexual contra niñas y adolescentes, ya que 70 por ciento de estas personas de entre 10 y 14 años de edad tuvieron un hijo vivo en la última década en México, y el padre biológico tenía entre 18 y 78 años.
Es decir, “no estamos hablando de relaciones sexuales consentidas entre pares o adolescentes sino en un contexto probable de abuso de poder por parte de hombres adultos mucho mayores” a las víctimas.
Mientras –subrayó– en los Congresos locales (como en el de Tlaxcala) se ha dado como respuesta la promoción de iniciativas de Pin Parental, con el objetivo de limitar el acceso a educación sexual y reproductiva en planteles escolares del país.
“Es por eso que ante este contexto de violencia sexual resulta preocupante que las autoridades responsables de proteger los derechos de las niñas, de los niños y de adolescentes, sigan promoviendo este tipo de políticas”.
La especialista refirió que otro reto es el acceso a los servicios de salud sexual reproductiva en esta situación de pandemia de Covid-19, pues organismos internacionales han previsto un incremento en el número de embarazos no deseados, debido a la dificultad para recibir ese tipo de atención, y a la violencia familiar y sexual.
Por ello es que a nivel mundial –dijo– ya se plantean opciones para la autogestión del aborto en condiciones seguras como una opción, “aunque por otro lado nos estamos enfrentando a posibles retrocesos en el marco jurídico”, a consecuencia de una respuesta de oposición a la despenalización en Argentina.
Sin embargo, planteó que en México debe generarse un debate en esta materia, pero informado, en el marco de derechos humanos y con evidencias científicas durante la discusión de iniciativas; y esperar a la conformación de las nuevas legislaturas locales y la federal, para impulsar propuestas de legalización de la interrupción del embarazo.