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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) valoró fundamental que las más altas esferas del poder público federal, comenzando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hayan reconocido públicamente la gravedad que representan las desapariciones en el país, dejando atrás los intentos de administraciones pasadas de negar o minimizar el problema.
En un pronunciamiento público, esa instancia internacional saludó la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) –que se dio el domingo en Palacio Nacional en una ceremonia encabezada por el mandatario federal— y los compromisos adoptados por su gobierno en torno al tema.
“La búsqueda efectiva y la localización de las personas desaparecidas constituyen la principal demanda de las familias y una obligación primaria y apremiante del Estado mexicano”.
En esta nueva etapa, remarcó el representante en el país de esa instancia, Jan Jarab, el Estado mexicano debe fortalecer su vinculación con los organismos internacionales especializados. En particular exhortó a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para conocer de comunicaciones individuales –proceso que la cancillería mantiene pendiente—, así como concretar la visita oficial a México de ese Comité, solicitada desde 2013.
Además, la ONU-DH llamó a las autoridades estatales a adoptar “un serio compromiso” en el ámbito de sus competencias para favorecer la construcción de un sistema nacional de búsqueda genuino, vigoroso e integral.
Y subrayó que es fundamental que las instancias de procuración de justicia federal y estatales tomen las medidas necesarias para poner fin a la impunidad ante este “tan desgarrador crimen”.
De los puntos expuestos por la administración federal durante la ceremonia de reinstalación del SNBP, la ONU-DH destacó: el reconocimiento que el rastreo de los desparecidos es una responsabilidad del Estado, el compromiso de asignar los recursos necesarios para esa tarea, haber enfatizado la necesidad de investigar de manera exhaustiva e imparcial todos los casos de este delito, la reivindicación de la lucha de las familias y que se haya asumido el desafío que implica la crisis del sistema forense.
“El avance que implicó la adopción de la ley general en la materia (que entró en vigor hace más de un año) no fue correspondido por las autoridades en su implementación. La reinstalación del SNBP y los compromisos expresados por las nuevas autoridades federales podrían constituir un nuevo comienzo que ponga fin al suplicio de decenas de miles de personas”, expresó Jarab.
Información de La Jornada