Mayor reducción en los tiempos de espera de atención y celeridad a los asuntos, fueron las principales demandas de la ciudadanía al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, durante el recorrido realizado en 10 agencias del Ministerio Público en días pasados.
Se recopiló información por parte de particulares, denunciantes y abogados y del propio personal operativo, administrativo, pericial y policial, señaló el funcionario.
“Lo que esta actividad nos deja es que hay agencias en las que tenemos que mejorar la infraestructura, algún tipo de sala de espera, hay unas que tenemos que ampliar, y lo más importante es que se va a iniciar una redistribución del personal y del mobiliario, así como la recuperación de entre siete u ocho espacios a corto y mediano plazo”, subrayó.
Se percibió –abundó– que muchas oficinas son ocupadas como archivos en Apizaco, San Pablo del Monte, Huamantla y Calpulalpan, principalmente, por lo que se ha conseguido que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez apoye con un inmueble que se encuentra ubicado en San Manuel, comunidad de San Bernardino Contla.
“Son dos paredones, uno requiere adecuaciones y otro de infraestructura nada más” para tenerlo en condición de recepción de todo este material, incluido –anotó– el que se encuentra en las instalaciones de la PGJE.
La intención es que la PGJE cuente con un archivo general, el cual permitirá la recopilación de toda la documentación de las agencias, para que los espacios que actualmente se ocupan para resguardar esos expedientes, sean destinados a la ampliación de áreas de conciliación y mediación, entre otras, explicó.
El objetivo es que antes de que finalice 2019 se concrete el traslado de toda esa papelería y se recuperen esos espacios, incluso para implementar otro Ministerio Público en algunas agencias, como las de Tlaxco y Natívitas, a efecto de acercar la materia de mediación y conciliación para lograr mayores reparaciones del daño a las víctimas, dijo.
En cuanto al servicio brindado a la ciudadanía, el funcionario señaló que se esperaba un mayor número de quejas, pero la petición principal de los usuarios y abogados fue sobre los tiempos de espera, aun cuando desde hace un año se puso en marcha el Programa de Atención Inmediata mediante el cual los tiempos han disminuido de dos horas a entre 20 y 30 minutos como máximo.
Remarcó que esta condición ha permeado en las diferentes agencias y reconoció que hay algunas, como las de Huamantla y Calpulalpan, donde las personas solicitaron que haya una celeridad mayor en la solución de casos.
Lo importante es que en todas las agencias recorridas y audiencias realizadas “no hubo una sola queja de corrupción o de actos que fueran contrarios a la ley por parte de policías, ministerios públicos o peritos”. Por el contrario –enfatizó–, también recibimos dos o tres felicitaciones al trabajo que las mismas agencias han realizado, pero también sabemos “que debemos seguir apretando y capacitando para tener mejores resultados”.
Afirmó que en lo que va de 2019 la PGJE no ha registrado quejas por irregularidades en la actuación del personal de esta dependencia.