El pasado 24 de noviembre, el gobierno del estado de Tlaxcala aceptó las conclusiones y propuestas que elaboró el Grupo de Trabajo que da seguimiento a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (SAVGM) en Tlaxcala por violencia sexual y trata de personas. El periodo para que se cumplieran las recomendaciones fue de seis meses, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El proceso de implementación de las acciones ha sido sumamente accidentado, en parte, porque coincidió con un proceso de cambio de autoridades gubernamentales. Durante diciembre del año pasado el gobierno saliente prácticamente no hizo nada para dar una respuesta real a las recomendaciones. El actual gobierno, encabezado por Marco Antonio Mena, se ha mostrado más con la pretensión de mostrar una serie de acciones que impidan la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género y no de actuar para incidir frente a una realidad que durante las últimas décadas ha generado explotación sexual de cientos de mujeres y niñas.
Desgraciadamente, las autoridades estatales y municipales de Tlaxcala, ante la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, han preferido negar el problema, minimizarlo o simular acciones, ello, como lo hemos dicho en otros momentos ha ido generando la expansión de la operación de las redes de trata, que desde el estado de Tlaxcala operan en una gran parte del territorio nacional y hacia los Estados Unidos.
Lo que hasta el día hoy ha hecho el gobierno –por la presión de evitar la declaración de la Alerta de Violencia de Género para Tlaxcala–, no es suficiente para modificar la situación de violencia sexual y trata de mujeres y niñas, pues para que exista este cambio debe demostrarse que las denuncias concluyen en sentencias ejemplares para quienes delinquen; que las mujeres que han sido víctimas de trata acceden a mecanismos de protección y de apoyo para la reconstrucción de su plan de vida; que los hombres que desde el consumo favorecen la explotación, tomen conciencia y dejen de contribuir a este delito; y que los niños dejen de aspirar a ser explotadores, porque ven en los tratantes a los hombres exitosos que la justicia no castiga.
No alcanzarán porque las acciones que el gobierno implementó en su mayoría fueron de carácter interinstitucional, es decir, capacitar al personal de las dependencias, elaborar documentos (protocolos o diagnósticos) o bases de datos y ante ello se genera la pregunta ¿y la población?
En tanto, las pocas acciones que se dirigieron hacia la población tampoco tuvieron la fuerza necesaria para lograr impactos, tal es el caso de las campañas públicas, las cuales fueron de muy corto plazo –en medios electrónicos y digitales– y en los últimos meses, al menos en su parte más visible que fueron los espectaculares, se perdió de vista el problema de la explotación sexual, como si se quisiera negar éste, pues se habla de prevención de la violencia de género, específicamente, no de prevención de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, e incluso cuando se abordó el tema en los spots, se justifica el gobierno, al decir que “el delito de trata sucede en todo el mundo”.
En el caso de las acciones dirigidas a la población estudiantil de todos los niveles de educación, ni siquiera se plantearon acciones específicas para elaborar e implementar una estrategia educativa transversal contra la trata, bajo el argumento de que los programas y planes educativos ya están establecidos y que más bien la Secretaría de Educación Pública (SEP) “debería fortalecer esa transversalidad en materias ya existentes” (sic), lo que evidentemente imposibilita el abordaje de una problemática tan específica como es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Otro grave problema que se identifica es el desconocimiento respecto al marco jurídico existente para enfrentar la trata de personas, las competencias y el principio de progresividad bajo el que se deben plantear las armonizaciones de leyes locales. Lo anterior se observa claramente en la iniciativa que el Ejecutivo local envió al Congreso, donde, por señalar un ejemplo, se establece que “se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y demás disposiciones aplicables”, ello no debe ser así, pues como lo estableció la Suprema Corte de Justicia en la sentencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2016, “… aun en los supuestos de competencia local, para la investigación y el proceso penal serán aplicables supletoriamente a la Ley General, las citadas disposiciones federales, por lo que no se deja ningún margen de regulación siquiera de carácter procesal para las entidades federativas.”.
Asimismo, se ve claramente una estrategia de limitación a la participación de la sociedad civil, pues el gobierno, a través de esta iniciativa, pretende disminuir el número de organizaciones civiles en el Consejo Estatal contra la Trata, lo que atenta contra el principio de progresividad.
Además en su intento de evitar que no se declare la Alerta de Violencia de Género, el gobierno estatal dejó de lado la Estrategia Estatal contra la Trata, que establece de una manera más integral la política pública de prevención, atención a las víctimas y sanción del delito.
Lo más lamentable es que el gobierno ha hecho lo menos y lo ha hecho deficientemente. Habrá que estar atentos a que el Grupo de Trabajo de la Conavim emita su dictamen, pues la ciudadanía, al no ver un cambio de realidad de la trata de mujeres y niñas, esperaría mínimo la emisión de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala.