La aplanadora priista en la Cámara de Diputados se impuso y consiguió la aprobación de la tan temida e inconstitucional Ley de Seguridad Interior, con el apoyo de su incondicional y ya añejo aliado Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ahora pretende ratificar la minuta de dictamen en el Senado de la República y concluir el proceso legislativo para avalar la presencia del Ejército en las calles del país. Solo un milagro podría detener la validación de esta norma en la Cámara Alta, porque hasta hoy, pese al reclamo ciudadano y las posturas fijadas en contra por parte de defensores de derechos humanos y organismos en la materia, el gobierno mexicano y sus operadores camarales las han ignorado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. Sustenta que en 2015 constató que en México hubo mayores transgresiones por la participación de soldados y marinos en estas labores, entre ellas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada, así como altos niveles de impunidad.
Al llamado a los senadores para que analicen o, en su caso, no aprueben esta Ley de Seguridad Interior, se suman la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Esta última opina que generaría riesgos para la vigencia de derechos humanos.
Relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) perciben que una legislación de esta naturaleza vulneraría este y otros derechos, aunque al interior del Senado hay voces de oposición, unas que consideran necesario escuchar la voz de especialistas y otras que de plano reconocen que este precepto viola el artículo 29 constitucional, el cual carece de ley reglamentaria; además el 1, 16, 18, 30 y 89.
Esta Legislatura senatorial que está por culminar se encuentra a prueba de fuego, porque la ciudadanía mexicana estará atenta de la determinación que sus “representantes populares” tomen respecto de una ley calificada por expertos como “dictatorial” y que no aporta a la solución de problemas de seguridad. Bien lo plantea el periodista José Reveles en su libro Levantones, narcofosas y falsos positivos: “Y con el ‘botín de guerra’ que obtienen de cateos, revisiones y retenes ¿para qué querrían regresar (militares) a los cuarteles?