100 días son suficientes para que en los Estados las relaciones políticas, de poder y cohesión se trastoquen, surja la indisciplina partidista, institucional y social. 100 días son suficientes para que la cohesión se mantenga o se rompa, y se ponga en duda el éxito de una posible gobernanza.
Una característica política del gobierno de Mariano González Zarur fue la disciplina partidista, sobre todo la disciplina institucional y la cohesión social, sea ésta voluntaria, negociada o impuesta. Fue un tiempo en el que la política y lo político como un ejercicio u oficio lograba mantener o daba la impresión de mantener la entidad en “armonía” y relativo “orden”.
A 100 días del gobierno de Marco Mena, la ciudadanía tlaxcalteca ha tenido muchas muestras de buena voluntad, mucho diálogo entre cúpulas políticas e intelectuales a través de foros que esclarecieron el rumbo. La ciudadanía involuntariamente se convirtió en alumna del nuevo mandatario y tuvo que tomar clases de gobernanza versus gobernabilidad, los ciudadanos fueron también testigos de la “modernidad”: inauguraciones de empresas automovilísticas, plazas, tiendas, centros comerciales y también de situaciones bochornosas e indignantes para algunos sectores como fue la presentación con bombo y platillo de la primera escalera eléctrica en Tlaxcala.
El comienzo de esta gestión ha sido deslumbrante, pero poco clara para los y las tlaxcaltecas, mucho se dice, pero poco parece que se hace. “También la palabra se desgasta” y la acción se exige a través de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo y sus rutas de acción.
A 100 días el gobierno de la buena voluntad, las sobradas palabras y los eficientes propósitos, parece delinearse lo que podría ser el futuro de su gestión. El naciente gobierno enfrenta ahora pequeños signos de debilidad política–institucional y aparentes rupturas en varios frentes.
Es importante subrayar la emergencia de múltiples movilizaciones sociales –algunas encabezadas por grupos y organizaciones ya existentes– que demandan soluciones a temáticas sustanciales del nuevo gobierno, particularmente en los temas de educación y seguridad.
La habilidad política de las organizaciones demandantes está realizando un cálculo de éxito en sus agendas poniendo en tensión a las autoridades e instituciones del nuevo gabinete. En el tema educativo destacan las movilizaciones de los alumnos adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), quienes desde hace más de 70 días se mantienen en plantón permanente frente a Palacio de Gobierno. La organización demanda al gobernador y al secretario de Educación Pública, Manuel Camacho, la liberación de recursos para la construcción de una casa del estudiante en la entidad y la regularización de tres escuelas.
En el mismo tenor, las alumnas de la Escuela Normal Rural Benito Juárez de Panotla decidieron hacer paro de actividades y capturar el inmueble para demandar la destitución del cuerpo directivo de la Normal, así como la liberación de recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.
Se suman las movilizaciones de contingentes del Movimiento Antorchista para demandar al gobernador atención a sus demandas en materia educativa: reforzamiento en bachilleratos, la construcción de escuelas y el reconocimiento a docentes adheridos a Antorcha Campesina. Las demandas de este grupo oscilan también en la solicitud de infraestructura básica para vivienda.
En cuanto al tema de seguridad, el Congreso del estado demandó la comparecencia de Hervé Hurtado Ruíz, comisionado Estatal de Seguridad, ante el pleno de la LXII Legislatura. ¿El motivo? Rinda cuentas sobre el ascenso de la inseguridad en la entidad. Los diputados solicitan a Hurtado Ruiz explicite cuál es el programa o las políticas públicas del gobierno del estado en materia de seguridad, cuáles son las estadísticas reales de delitos y las estrategias que se implementan para investigar, sancionar, prevenir o erradicar.
El tema de la seguridad–inseguridad ha dejado de ser una falacia, las recientes estadísticas del Inegi sostienen que el 57 por ciento de la población tlaxcalteca se siente inseguro, que cinco de cada 10 hombres consideran que vivir en este estado es inseguro y que seis de cada 10 mujeres lo suscriben. Es inocultable el ascenso de los delitos del fuero común, como la extorsión, el fraude bancario y al consumidor, las amenazas verbales, el robo a casa–habitación, a transeúntes, a trasportistas, el robo de automóviles y el robo de hidrocarburo.
Ante este escenario, el gobierno del estado mantiene el optimismo y asegura que la inseguridad no representa un problema mayor y muestra de ello ha sido que las inversiones privadas han aumentado gracias a la tranquilidad y a la paz de la entidad.
Un tema que deriva de la inseguridad y resulta trascendente es la profesionalización y certificación de los cuerpos policiales en la entidad. El problema fundamental de los cuerpos de policía es el educativo, pues el grueso de los cuerpos de seguridad sólo tiene la secundaria terminada, según lo informó en días pasados a este diario, Hervé Hurtado.
Un elemento obviado en el tema de seguridad ha sido el problema de las policías en el ámbito municipal, la seguridad en los municipios. Ahí está el mayor problema. En 100 días hemos percibido una tendencia a centralizar el problema de la seguridad e inseguridad en la capital y municipios con considerable espacio geográfico, impacto en comercio e industria o gran densidad poblacional.
Omitir esta problemática es delicado, principalmente por la propensión al establecimiento de una policía de mando único o, en su defecto, la designación del patrullaje y vigilancia a las fuerzas armadas. De ahí el apoyo decidido que el gobernador Marco Mena ha dado a la Ley de Seguridad Interior, para solicitar el apoyo de las fuerzas armadas cuando la situación de inseguridad lo amerite, cuando el mandatario considere deba ser necesaria su intervención.
Dicen que en política la forma es fondo y a simple vista, las tensiones a las que se enfrenta el gobierno del estado en materia educativa, seguridad y de los actores sociales que ahora –como ayer– demandan atención a sus demandas, representan un reto monumental, configuran un escenario no previsto que ha venido a mover la estabilidad institucional, cuestionar la cohesión social y la disciplina partidista–política. La solución que dé el gobierno del estado a las demandas de todos estos actores –más los que se sumen– marcará el futuro de su gestión. A prueba están sus colaboradores cercanos, los asesores, la facultad y el oficio político del mandatario y la fortaleza institucional, pero, sobre todo, se está poniendo a prueba ahora el principio de la gobernanza, de la modernización democrática.
El gobierno del estado debe mostrar que la gobernanza no se basa en un diálogo selectivo –como en otra ocasión lo anuncié en este medio.
Apostamos a la madurez y al oficio político del gobierno para distender estos conflictos a través del diálogo y la civilidad política, propias de los gobiernos democráticos “modernos”, no persista en el futuro de esta gestión lo que ha predominado en estos primeros 100 días: la mudez, la inmovilidad, la inacción, la falta de un plan que marque el rumbo del estado, la presencia de la inconformidad social, el cuestionamiento, el descrédito de la legitimidad de la protesta como respuesta política y, sobre todo, la centralización de los mandos policiales y una apuesta a solucionar el tema de la inseguridad a través de la presencia militar en las calles y municipios, sobradamente los mexicanos sabemos el desenlace de esas decisiones.
100 días son suficientes para que en los Estados las relaciones políticas, de poder y cohesión se trastoquen, surja la indisciplina partidista, institucional y social. 100 días son suficientes para que la cohesión se mantenga o se rompa, y se ponga en duda el éxito de una posible gobernanza.