Luego de dos sexenios de legislaturas a modo del Poder Ejecutivo, la LXIII, dominada por los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, ha dejado más que claro que las cosas no serán nada fáciles para el priista Marco Antonio Mena Rodríguez.
Las modificaciones a la iniciativa del Presupuesto de Egresos de 2019 por parte de la mayoría de los diputados, el veto ejercido por el mandatario estatal contra el decreto aprobado y la confirmación expresada por las y los congresistas en el sentido de mantener firme su postura, solo es la antesala de una relación áspera.
Aunque el gobernador podría impugnar el presupuesto, la Legislatura en funciones ha marcado la pauta para temas subsecuentes, aun cuando sus determinaciones sean al margen de las facultades otorgadas por la ley y pudieran afectar a la entidad.
Los actores políticos podrán jactarse de una división de poderes efectiva, pero no por cumplimiento constitucional sino por una oposición mayoritaria en el Congreso a la administración del priista y que dista mucho de la demandada por el pueblo.
A pesar de la diplomacia e institucionalidad con la que Mena Rodríguez ha tratado de conducirse ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la confrontación comienza a amargar esta luna de miel.
Por lo pronto, al Legislativo ya llegaron emisarios del Ejecutivo. Las recientes protestas del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados “7 de Mayo” en el Congreso local contra el gasto avalado, son apenas la primera pedrada lanzada.
Más de 2 mil burócratas advirtieron sobre su fuerza en la asamblea celebrada la semana pasada. Su líder Edgar Tlapale no tuvo empacho en refrendar la “firme convicción de servicio” de este gremio al gobierno del estado, seguro del cumplimiento al convenio laboral, como ha sido en los últimos años. Este es el músculo de Mena.