El 21 de marzo de 2017, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2017 sobre la violación de derechos humanos fundamentales (como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al saneamiento del agua, el derecho a la información y el derecho a la salud, entre muchos otros) de quienes habitan y transitan en la cuenca de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes (incluyendo al Zahuapan), en los estados de Tlaxcala y Puebla, la CNDH recomendó a Semarnat, Conagua, Profepa, Cofepris, a los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala y a los municipales de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Ixtacuixtla, Tepetitla y Natívitas, que conformaran un grupo interinstitucional antes de que se cumplieran seis meses contados a partir de su aceptación de la Recomendación.
Todas las autoridades, salvo una (la presidencia municipal de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala), aceptaron la Recomendación en el plazo establecido por la CNDH y a partir de esa fecha (12 de abril de 2017) corrió el plazo de seis meses para que el Organismo de Cuenca Balsas de la Conagua convocara a todas las autoridades recomendadas, a las empresas asentadas en la cuenca y “a las organizaciones de la sociedad civil que así lo deseen”, a participar en dicho grupo, cuya principal tarea sería la de elaborar e implementar un Plan de Restauración Ecológica o Saneamiento de la cuenca, lo cual significa que el Plan no sólo deberá involucrar a los cinco municipios recomendados, sino a todos los municipios de la cuenca. Asimismo, dicho plan deberá incluir un Plan de Salud para atender la emergencia de salud que ha convertido, al menos al estado de Tlaxcala, en uno de los peores del país en materia de enfermedades crónico–degenerativas como el cáncer y la enfermedad renal crónica.
El plazo para la conformación del grupo interinstitucional venció el 12 de octubre de 2017, pero ningún comunicado oficial anunció su creación. Desde julio, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, solicitaron al Organismo de Cuenca Balsas ser incluidos en el grupo interinstitucional, puesto que así lo recomendaba la CNDH y las autoridades recomendadas habían aceptado los más de 100 puntos de la Recomendación.
La respuesta del Organismo de Cuenca Balsas fue el silencio. En septiembre, estas organizaciones de la sociedad civil volvieron a solicitar su incorporación al grupo interinstitucional y nuevamente, la Conagua se negó a responder formalmente a la solicitud.
Desde noviembre de 2017, solicitamos a la Conagua que nos informara sobre los avances en la conformación del grupo interinstitucional. La respuesta de la Conagua fue: “No tenemos documentación al respecto”. El pasado 7 de marzo, el Inai resolvió obligar a Conagua a entregar “toda la información que tenga que ver con los avances en la conformación del grupo de cooperación técnica previsto en la Recomendación 10/2017 de la CNDH, así como los acuerdos que se hubieran generado para la atención de la misma”.
En el fondo, este anecdótico recuento deja ver con claridad un par de cuestiones muy graves respecto a la conducta oficial de la Comisión Nacional del Agua con relación en el cumplimiento de sus obligaciones: en primer lugar, confirma la aseveración hecha por la CNDH respecto a que una de las causas por las que se violan masiva y sistemáticamente los derechos humanos en la cuenca Atoyac–Zahuapan es la descoordinación institucional. Con su intención de mantener el proceso en la opacidad, la Conagua demuestra una enorme incapacidad para conformar siquiera un grupo de discusión entre las instituciones, las empresas y la sociedad civil, que permita construir acuerdos.
En segundo lugar, la reiterada negativa y la procrastinación de la Conagua para conformar el grupo interinstitucional parecen dar señales de que su intención no es otra que heredar el problema a la próxima administración, pero mientras la Conagua y el resto de las autoridades nadan de muertito, en los hechos siguen enfermando y muriendo decenas de personas por enfermedades que podrían prevenirse si se actúa adecuadamente para remediar la crisis ambiental y de salud en las comunidades ribereñas.
Entre tanto, las comunidades han seguido trabajando. Desde septiembre de 2017, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro “Fray Julián Garcés” elaboramos una propuesta comunitaria de saneamiento de la cuenca, con la participación de numerosos pobladores de las comunidades afectadas y el acompañamiento de científicos comprometidos. En el mismo lapso, las autoridades no han hecho otra cosa que jugar el perverso juego de dejar que el tiempo pase, para que los habitantes de las comunidades se frustren y dejen de exigir garantías al ejercicio de sus derechos fundamentales. La pregunta hoy es: ¿cuándo van a querer las autoridades resolver la crisis ambiental y de salud en la cuenca Atoyac–Zahuapan? Tal vez los documentos que el Inai obliga a la Conagua a entregar arrojen algo de luz sobre los motivos ocultos del gobierno para seguir violentando los derechos humanos de la población.