¿Por qué es tan difícil para los gobiernos locales y el gobierno federal negociar con las normales rurales? ¿Por qué el gobierno ha mostrado poca voluntad para ceder y satisfacer sus demandas históricas, en su mayoría mínimas en relación a lo económico y lo material? Tres elementos –más allá de lo político– pueden ser claves para encontrar posibles respuestas: clasismo, racismo y estigma.
Carl Marx ha sido uno de los pensadores más sugerentes y polémicos de la historia que ha contribuido al entendimiento de la desigualdad social a través de las clases sociales. Para Marx las clases sociales están supeditadas por la división social del trabajo, es decir, que la sociedad mantiene múltiples relaciones con las fuerzas productivas, ello ha determinado la construcción de al menos dos clases sociales: la burguesía y el proletariado. La burguesía es aquella que se ha apoderado de los medios de producción y, el proletariado, es aquel que sólo tiene su mano de obra para subsistir.
Una de las críticas más acérrimas a este modelo radica en que los modos de producción se han diversificado, que la acumulación del capital–riqueza no reposa sólo o únicamente a través de la explotación del hombre por el hombre y, por ende, el sentido de clase no existe o es disfuncional.
Con el triunfo de la democracia la idea de clase se disemina, deja de existir como concepto, se vuelve anticuada, pues la sustituye, entre otros, el de ciudadanía. Concepto disforme que idealmente arropa a todo sujeto en condición de igualdad. Con la democracia y el neoliberalismo todo sujeto nace libre, debe usar su libertad para alcanzar su desarrollo, la libertad se convierte en un derecho de uso para tejer certezas en el futuro, sea como sea, a costa de lo que sea.
Bajo esta lógica, el ciudadano es el único responsable de su futuro, el Estado, la burguesía y el mercado quedan exentos de la responsabilidad de velar por una vida digna de los sujetos, ellos son los únicos responsables de usar su libertad para alcanzar el desarrollo, no a través o únicamente del Estado como solía ser en los tiempos del presidencialismo autoritario, del Estado corporativo y clientelar, aquel Estado “antidemocrático”.
Las normales rurales representan para el Estado y los gobiernos locales un lastre del corporativismo no selectivo, para el poder las normales rurales son un peso innecesario, una responsabilidad inicua, no es redituable económica ni políticamente hablando, no se trata de esas magnánimas organizaciones obrero–patronales que en términos de voto son útiles, como la SEP y de más macro sindicatos afines.
El grueso poblacional que accede a las normales rurales es la clase social más baja, jóvenes rurales, semiurbanos e indígenas que buscan a través del estudio –de muy bajo costo– tener un ascenso social, o al menos, dejar de tener sólo su mano de obra para subsistir precariamente. Son –bajo esta lógica neoliberal y democrática– los ciudadanos de segunda o tercera clase, los que poco importa su liberad y su derecho, ese “otro” que con poco debe conformarse ya que no tiene nada que perder, ni nada que ganar.
Los jóvenes de las normales rurales han sido imaginados como parte de la periferia, como una extensión de los cinturones de miseria que no deberían existir porque es costoso para el Estado y es marcado su mantenimiento. No tiene capital económico porque no consumen, ni capital cultural porque leen y aprenden de lecturas y programas académicos obsoletos. Porque salen a las calles a solicitar a los ciudadanos una ayuda para subsistir como estudiantes. Sus movilizaciones afean la democracia, manchan el honor de las mayorías, las cuales los reprueban y sentencian a quedarse en su inmovilidad, a padecer su dolor de manera privada, en sus casas, con sus pares, en esa comunidad alejada de la realidad de los “blancos civilizados” y “democráticos”, o en su defecto, que se queden en sus escuelas “militarizadas”, que ahí se arrinconen hasta sucumbir. ¿Para qué salen al espacio público a evidenciar lo que el gobierno no hace, cuando éste no tiene la responsabilidad de hacer nada por ellos ya que no es un gobierno paternalista, clientelar?
Históricamente, la lucha por los recursos –siempre escasos– en las normales rurales las ha convertido en una escuela de activismo social y político, los jóvenes que estudian ahí son actores políticos, hacen cálculos, construyen agendas y calculan riesgos. Se asocian, establecen redes y demandan. Estas acciones netamente políticas e históricamente construidas han sido usadas de manera coyuntural por los gobiernos locales y el gobierno federal. Siempre los medios de comunicación presentan los “conflictos” de las normales rurales como algo coyuntural, un fenómeno aislado de todo y de todos, pero con una memoria histórica viva: “nido de rojos” y “cuna de guerrilleros”. Herederos de los hermanos Gámiz, de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Estigmas que los medios de comunicación exhibierony reprodujeron sin mucho éxito ante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Las normales rurales han padecido un histórico estigma político alimentado por el clasismo y el racismo, éste no ha sido distendido por los políticos–funcionarios y burócratas de la educación, personajes que en su mayoría se han formado en universidades privadas, en el extranjero, con teorías y cosmovisiones cosmopolitas, democráticas y neoliberales, académicos aprendices de político conocidos como “Chicago Boys” y en otras latitudes identificados como “Tlatoani Boys”.
La voluntad política de estos funcionarios y gobernantes no alcanza a entender la dimensión del problema, porque les es ajeno a su clase o pretensión de clase, donde el éxito se entiende a través del mérito, la cultura del esfuerzo y en el mejor de los casos, de las relaciones sociales y políticas acuñadas desde la cuna. Estos políticos y burócratas son ciudadanos de “primera” que han canalizado y capitalizado su libertad para alcanzar el desarrollo a base de un esfuerzo, casi siempre privilegiado. Son un modelo a seguir de “emprendedurismo” y “éxito”. Son un ejemplo del premio al mérito.
Por tanto, las normales rurales, colmadas de pobres e indígenas, no les representan un problema, sino una molestia que debe ser exterminada, desde su lógica estas “subclases” o “ciudadanía de segunda o subalterna” deben esforzarse más, hacer más por sí mismos sin esperar nada de nadie, ni del Estado ni del mercado. Se acabó el tiempo del altruismo, es momento de ser creativo e innovador, no de ser exigente, pues la ley no se negocia y el gobierno no puede dar lo que no tiene.