El 19 de noviembre llegó al estado de Tlaxcala una de las tres caravanas de familiares de los normalistas víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero. Su venida a Tlaxcala tiene dos razones importantes: una de ellas es que uno de esos 43 jóvenes es César Manuel González Hernández, originario del municipio de Humanatla, la otra razón es la existencia en Tlaxcala de una de las pocas normales rurales que quedan en el país.
A la marcha realizada de la Normal Rural Benito Juárez ubicada en Panotla al zócalo de la capital se sumaron personas de diferentes sectores: normalistas, universitarios, organizaciones defensoras de derechos humanos, iglesia, preparatorias y gente de la sociedad en general. La asistencia y solidaridad del pueblo tlaxcalteca se hizo presente, sin embargo, una serie de informaciones, venidas presuntamente por indicaciones de funcionarios públicos, generaron cierto miedo en el sector de los comercios de la capital, quienes al paso de la marcha cerraron las cortinas de sus locales, hecho que representó una ofensa no solo para los padres y madres de familia, sino también para el conjunto de personas que pacíficamente veníamos en la marcha.
Además de lo anterior se supo que había una concentración total de la policía estatal lista para intervenir; gente en el zócalo de la capital difundía información errónea de que en la marcha se venían cometiendo actos violentos; personal de la Secretaría de Gobierno tomaba fotos a cualquier persona que estuviera dando una declaración. Es muy grave que desde el gobierno en diferentes niveles ocurran estas cosas, pues son características de un estado dictatorial.
A nivel nacional, particularmente en las manifestaciones realizadas en el Distrito Federal, es mucho más clara esta estrategia del miedo. Grupos de personas infiltradas a quienes les han llamado “encapuchados o anarcos” que culminan las manifestaciones con actos violentos, justificación con la cual entra en acción la policía golpeando y deteniendo arbitrariamente a manifestantes que habían participado de manera pacífica, en la última marcha del 20 de noviembre la policía intervino desalojando del zócalo capitalino a la gente y poniendo en riesgo a personas adultas y a infantes.
Es muy grave que el gobierno, en aras de querer controlar el descontento y la exigencia social, empiece a utilizar este tipo de estrategias, pues contrario a lo que pretende están aumentando su deslegitimación y la indignación social.
Como hemos dicho en otros artículos, no es casual que se generen manifestaciones tan amplias a lo largo y ancho de toda la República, pues es producto de una cadena sistemática de delitos de lesa humanidad como fue Acteal, Aguas Blancas, Ciudad Juárez, Atenco, San Fernando, Tlatlaya, etc. Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República con un amplio rechazo ciudadano, particularmente del sector juvenil, basta recordar que en Tlaxcala no fue el candidato con mayor número de votos. En el actual descontento son nuevamente los jóvenes sus principales víctimas y quienes se han volcado a las calles para protestar, hasta ahora su gobierno no ha sido capaz de dar una respuesta real a los problemas sociales que México vive, sigue apostando a la simulación, la criminalización y la judicialización de la protesta social, situaciones que en los últimos dos meses han llevado al crecimiento del descontento social y a la solidaridad internacional.
Quienes hemos participado en las diferentes marchas para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas damos constancia de que nunca se han realizado actos de violencia o vandálicos en las diferentes marchas y no ha habido una sola persona con el rostro cubierto. Las actitudes gubernamentales para imponer el miedo generan una serie de preguntas ¿Por qué en el marco de la venida de los padres y madres habrían de ocurrir actos vandálicos si nunca han ocurrido? ¿A quién le sirve que se generare esa idea errónea y miedo ciudadano? ¿Por qué se prepara al cuerpo de policía estatal en un hecho donde el origen de la violencia hacia los normalistas fue operada precisamente por policías? ¿Por qué se usa la fuerza pública contra el pueblo y no para encontrar a los culpables intelectuales del hecho? Sabemos que las estrategias del miedo sirven al gobierno para reducir la participación ciudadana y deslegitimar movimientos.
Ante la falta de respuesta y de justicia es predecible que las movilizaciones ciudadanas continúen, seguramente la ciudadanía de Tlaxcala seguirá también sumada a esas movilizaciones, es lo menos que como mexicanos y ante la desaparición de un hermano tlaxcalteca podemos hacer. Exigimos respeto a las autoridades tlaxcaltecas ante estas manifestaciones, si ellos no han sido capaces desde sus funciones y facultades de responder a una lucha legitima (no digo sumarse a las marchas, me refiero a usar sus facultades para exigir la aparición con vida de un ciudadano tlaxcalteca y sus 43 compañeros), si no son capaces de responder a las injusticias, entonces por lo menos no estorben ni criminalicen una lucha justa y pacífica.
Hoy pareciera que al menos un sector importante de la sociedad sí tiene memoria histórica y que demanda un México que no puede continuar así, cobrando las vidas de tantas personas, siendo un cementerio a lo largo y ancho, en el que la clase política ejerce un poder con tintes dictatoriales respondiendo a intereses económicos y no a las demandas de sus pueblos; en el que se utiliza a los pobres (cuerpos de seguridad) para reprimir a los pobres (manifestantes). Un cambio real y profundo en la vida política y económica de México es el horizonte que debe mantenernos articulados a todas las personas que hemos estado participando en las diversas movilizaciones por el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa.
¡Ni perdón ni olvido, porque no estamos solos, nos faltan 43!
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.