Por unanimidad, Héctor Maldonado Bonilla fue electo presidente del Poder Judicial, por un periodo de dos años, a partir de este 1 de febrero. Ofreció una relación de colaboración con el Ejecutivo y Legislativo; modernización de la impartición de justicia, unidad interna, consolidación del Sistema de Justicia Penal y la recuperación paulatina de la confianza de ciudadanos hacia los juzgados; además, sostuvo que no tolerará actos de corrupción.
Después de casi hora y media de cabildeo en privado, contada a partir de la cita para celebrar sesión extraordinaria, la totalidad de magistrados se pronunció a favor de la propuesta planteada por Felipe Nava Lemus y fue secundada por el resto, incluida Elsa Cordero Martínez, quien hasta ese momento presidió el pleno.
El artículo 14 de la Ley orgánica del Poder Judicial establece la posibilidad de reelección, por lo que Cordero Martínez (designada en marzo de 2015 para concluir el periodo de Tito Cervantes Zepeda, actual secretario de Gobierno, y después electa en febrero de 2016 para desempeñar este encargo un par de años), se encontraba en este supuesto, incluso el pasado 23 de enero, al rendir su informe de trabajo de 2017, demandó: “No queremos intromisiones en la renovación”.
Sin embargo, otros magistrados también aspiraban a la presidencia, entre ellos el propio Héctor Maldonado Bonilla y Rebeca Xicohténcatl Corona (ambos propuestos ante el Congreso local por el entonces gobernador Mariano González Zarur), según versiones al interior del Poder Judicial.
“Estamos unidos”, respondió entre susurros a reporteros Elsa Cordero Martínez, desde el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), ubicado en Ciudad Judicial, minutos antes de la hora convocada para sesionar.
Cerca de las 11:26 horas, el primero de los ocho magistrados en ocupar su lugar en el pleno fue Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, luego lo hizo una sonriente Rebeca Xicohténcatl Corona, a quien le siguieron Maricruz Cortés Ornelas, Felipe Nava Lemus, Leticia Ramos Cuahutle, Elías Cortés Roa, Elsa Cordero y Héctor Maldonado.
Nava Lemus solicitó la palabra para proponer a Maldonado Bonilla, al exponer que la experiencia que ha mostrado “ha sido un trabajo de responsabilidad y comprometido con el Poder Judicial”.
Después Rebeca Xicohténcatl expuso que para la Sala Penal (de la que es integrante) “será un distinción sumar sin lugar a dudas, para que la propuesta sea el magistrado Héctor Maldonado Bonilla, persona que ha sabido trabajar en unidad, escuchando las propuestas que esta sala le formula”.
Así, ya en la votación, por unanimidad siete magistrados respaldaron a Maldonado Bonilla, quien se sumó a sus pares, por lo que fue declarado presidente del TSJE para el periodo 1 de febrero de 2018 al 1 de febrero de 2020, y rindió protesta. Con base en la ley, requería de un mínimo de cinco votos.
El nuevo presidente del Poder Judicial, es egresado de la Universidad de las Américas y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla. Fue consejero jurídico del gobierno del estado en el sexenio pasado y posteriormente el Congreso local lo designó magistrado del TSJE, donde presidió la Sala Penal, a la cual se incorporó Elsa Cordero Martínez para ocupar la vacante.
En rueda de prensa, Héctor Maldonado expuso que el Poder Judicial “ha sido correctamente conducido en los últimos años” y que se encuentra fortalecido, el cual goza de una infraestructura mejor y en el que los magistrados trabajan en unidad y “es lo que acabo de pedirle a los compañeros, que sigamos en esa línea”.
Pero puntualizó que será necesario realizar un diagnóstico general de todas las áreas y materias. Apuntó que su plan de trabajo tiene como base la modernización de la impartición de Justicia, por lo que se enfocará en este aspecto y en la calidad.
Asimismo, subrayó que “nos debemos a la ciudadanía y tenemos que mejorar el servicio que se le presta, día a día tiene que percibir un mejor desempeño de todos los que formamos parte”. Agregó que las tareas también estarán abocadas a la capacitación del personal y en hacer efectiva la carrera judicial.
Precisó que fortalecerá la mediación y conciliación, además, enfatizó que un reto es consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como lograr la credibilidad de la ciudadanía en este nuevo esquema, lo mismo que recuperar la confianza de manera paulatina hacia los juzgados.
El plan institucional será enriquecido por todos los magistrados, añadió. En cuanto a la postura que asumirá ante el Poder Ejecutivo, refirió que será de colaboración y de absoluto respeto, así como con el Legislativo. “En la medida en que tengamos esa coordinación institucional al estado de Tlaxcala le irá mejor”.
Contestó que a partir del diagnóstico conocerá la situación real de la impartición de justicia y afirmó que las prácticas de corrupción “no pueden ser toleradas”, por lo que se establecerán mecanismos concretos para poder erradicar, prevenir y, en su caso, sancionar al servidor público señalado.
Expuso que una vez que entró en funciones, se efectuará el proceso de entrega–recepción, por lo que en breve recibirá al enlace del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y, por tanto, aún no puede anticipar situaciones que desconoce.
“Pero hay un tiempo que se prevé para llevar a cabo esa revisión y esperemos que las cosas estén en buenos términos. Me parece que así debe ser”, realzó.
En torno a la aplicación de medidas de austeridad y el no uso de fondos como el Auxiliar, señaló que mantendrá esta dinámica implementada en la administración de su antecesora Elsa Cordero Martínez.
“Cómo podemos hacer eso, evidentemente con un manejo responsable de los recursos, sabiendo realmente de cuántos disponemos y cuántos están orientados a cada actividad y tomando decisiones planificadas”.
Indicó que cuando se elabora un proyecto debe estar traducido a pesos y centavos para saber si es viable y si las finanzas de la institución lo soportan, por lo que esas decisiones van a irse tomando conforme se tengan datos duros.
Evidentemente –expresó– no podemos ser irresponsables con el panorama nacional que tenemos en cuanto a la situación económica del país, en esa medida habremos de tomar determinaciones maduras y sopesadas, para conservar finanzas en estos términos.
Maldonado Bonilla acentuó que no debe negar lo que ha sido expuesto por la ex titular, en el sentido de que se ha recibido “siempre el apoyo solidario del Poder Ejecutivo”, respecto de algunos recursos adicionales “que se van a ir requiriendo para proyectos que de manera institucional tengan que salir adelante”.
Comentó que se avecinan temas importantes que no se pueden desconocer, como la reforma laboral, el Sistema Anticorrupción y en materia de oralidad civil y familiar, entre otras referentes a estos momentos de cambios y que impactarán en lo financiero.
Sobre el destino de los ajustes trimestrales, manifestó que los fondos derivados de estos serán destinados a lo que el Código Financiero establece para priorizar planes de infraestructura, pago de laudos y resoluciones judiciales. “Hay acotación y parámetros a los que debemos ajustarnos”.
El magistrado abundó que el Poder Judicial siempre ha enfrentado una carga de trabajo, porque hay una alta demanda de servicio por parte de la ciudadanía. Explicó el caso de la Sala Penal, a la cual estaba adscrito.
“Es evidente –indicó–, ahí están los números, presenté en tiempo y forma los informes respectivos, estamos al día, se los pueden decir los justiciables”, y en las otras salas los asuntos se resuelven de manera constante.
En este sentido, anotó que el rezago no es significativo y que la Sala Administrativa aún se encuentra en la etapa de conocer las nuevas responsabilidades en esta materia, hasta en tanto se llevan a cabo las reformas correspondientes por parte del Congreso local. “Funciona de manera eficiente, va al día”.
Reconoció el trabajo de Cordero Martínez, particularmente en los temas de equidad de género y ante la Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), por lo que declaró que buscará mantener la presencia puntera del Poder Judicial del estado de Tlaxcala en estos ámbitos.
Mencionó que una de sus aspiraciones es que la entidad sea sede de un evento de talla nacional en materia de justicia alternativa en México, ya que es el área principal en la que se ha desempeñado durante un año y medio de funciones de magistrado.