La actual situación política, económica y social que padecemos los poblanos luego de cinco años de gobierno formalmente panrredista, puede verse desde dos perspectivas: resultado y punto de partida. Es resultado de la aplicación, local, de las políticas federales en suelo poblano y la implantación de un engañoso bipartidismo que demuestra que las siglas de los partidos dominantes, por más alternancia que vendan ideológicamente como expresión de cambio, no modifican ni un ápice el modelo de la formación socioeconómica que la clase social dominante ha impuesto para el país entero y de la cual, el estado mexicano es promotor y garante vía la expedición de leyes dictadas especialmente para tal fin, y el manejo, discrecional y sin límite, del poder punitivo.
Puebla, oficialmente, en el pasado proceso electoral para elegir presidente de la república, dio su voto preferencial por el lopezobradorismo, aunque por esas cuentas raras que identifican al sistema electoral mexicano, tal expresión no hubiese ganado diputado o senador alguno por mayoría. Sin embargo, tal hecho, visto desde arriba representaba un problema, no por resolver sino por combatir. Era evidente que la molestia social ganada a pulso por las administraciones del tricolor, empujaría al electorado en esa dirección, quizá no tanto por conciencia como por rechazo a más de lo mismo. Las experiencias nacionales, marcadamente, las de 1988 y 2006, acreditaron la cooptación del panismo cupular y sus siglas como instrumentos útiles para aparentar cambio, e incluso, dejarles como encargados del despacho. El mecanismo dio el mismo resultado aquí, aderezado con la cooptación, e introducción como cuña ideológica, del perredismo por vía de alianza que alzó como bandera el antipriismo. Se satanizaron los modos de gobernar, se dejaba incólume el modelo económico. Los pormenores de la elección local de 2010 son bien conocidos.
Las alianzas y alternancias partidistas son las modalidades de continuación de un proyecto político y económico que, ofrecidas a la población como formas de cambio social, al paso del tiempo, llegan a descubrirse como una diversificación de los embustes con los que el poder político se relaciona con la sociedad que organiza y somete. Hoy, los tiempos electorales para una minigubernatura encuentran una situación social caótica, derivada tanto de los métodos de gobernar –igual de detestables que antes– como de la profundización del modelo político económico que, legalizando el despojo de los recursos naturales, utiliza la violencia estatal para trasladar bienes públicos al dominio privado, ofreciéndolos al capital en charola de plata, mientras priva al grueso de la población de mecanismos legales para defenderse.
Este escenario se percibe –como punto de partida– para la configuración de un grupo político que aspira a construir un poder que se plantea el objetivo de competir por la presidencia del país. Su horizonte intelectual e ideológico, componente de la identidad grupal, les indica que poder, es poder; por ello no reparan en cuidar formas éticas ni legales. De manera relativamente fácil sacaron de sus siglas al panismo tradicional, controlan a un perredismo sin cimiento ideológico, manejan el estado (aparato de instituciones, burocracia y policía) a conveniencia, aplican las leyes a modo, ejercen presión sobre medios sociales informativos y han colocado hombres de su confianza al frente de las instituciones electorales, de información y ministerio público, entre otras, asignándoles tiempos para el desempeño de sus funciones más allá del actual sexenio implicando, lógica y necesariamente, la intención de ungirse poder tras el trono. Prolongarse como gobierno o, en el peor escenario, acotar al siguiente con la posibilidad de ponerlo en jaque. Salvo mejor opinión, no se ha visto mucha tenacidad en diputados o partidos para oponerse a este proyecto transexenal que cancela toda posibilidad de democracia. Electoralmente tendremos al candidato propuesto por este grupo encubierto como panrredé y los de otros partidos.
Este entramado político electoral está circundando el ya largo conflicto que enfrenta la UPVA 28 de Octubre con el actual gobierno que transferirá la estafeta, de éste, al futuro candidato oficial. Más pronto que tarde se requerirá de un pronunciamiento al respecto pues los mecanismos institucionales utilizados para agredir a la organización, su dirigencia y sus bases solo tienen parangón con la época de Piña Olaya; con la diferencia que, éste, no intentó ejercer poder más allá de su periodo de gestión. Ilegalidad e inmoralidad han sido, y son, sello distintivo del trato gubernamental hacia estos ambulantes. Subyace tras la intentona de destrucción de esta organización la, poco original y nada nueva, idea de sustituirla por otra u otras estructuradas corporativamente, jerarquizadas y dotadas –en exacta correspondencia con el tipo de gobierno y modelo económico social– de una ideología única que no admita disidencias.
Sostener por más tiempo el injusto encarcelamiento y maltrato de Simitrio, sus hijos y Fernando Alonso, basado en la fabricación de delitos y en la ignorancia –real, o aparente y de mala fe– de elementales conceptos de derecho, pasando por encima de toda noción de respeto a derechos humanos, a la Constitución y desbaratando cualquier significado que tenga el estado de derecho; insistir en la feroz persecución contra otros miembros y hasta en la posibilidad de despojo de las instalaciones del mercado Hidalgo, olvidando que éste y otros mercados de apoyo fueron creados gracias a la actividad política de la 28 de Octubre como contribución a la solución del problema del ambulantaje en esta ciudad; sería sentar bases de ilegitimidad para el desarrollo de cualquier candidatura y del funcionamiento posterior del gobierno que surja de un proceso viciado de origen.