José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, murió el pasado 19 de julio como resultado del impacto de un proyectil que le pegó en la cabeza durante el enfrentamiento, 10 días antes, entre la Policía Estatal y los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, lugar que divide los valles de Puebla y Atlixco. Las fotos y los videos que han circulado en la prensa independiente y las redes sociales dan cuenta de la tremenda lesión que sufrió este niño, quien simplemente salía de la escuela para regresar a su casa.
El gobierno del estado culpó inmediatamente a los lugareños de la agresión al menor, supuestamente por un cohetón de los que lanzaron para repeler la carga de los granaderos; detuvo a cuatro personas del pueblo que ahora, de sostener esta tesis, serían acusadas de homicidio. La madre del niño nunca pudo intervenir en la decisión de desconectarlo de los equipos que lo mantenían artificialmente con vida y se enteró del deceso por la prensa. Se negaron a darle el cuerpo hasta la medianoche del domingo. El senador Manuel Bartlett gestionó el envío de un neurólogo para ver el cadáver, y determinó que no había quemaduras en torno a la herida y descartó que un cohetón se hubiese impactado contra la cabeza de la criatura. El parte médico oficial, emitido el lunes a mediodía, no indica más que murió por un “paro cardio respiratorio”, con lo que Moreno Valle se reserva el recurso de buscar un culpable entre sus filas.
Los lugareños exhibieron decenas o quizá centenares de los proyectiles que lanzaron los granaderos para reprimir una manifestación del pueblo contra las absurdas reformas por las que se suprime el servicio del registro civil en las juntas auxiliares de cada municipio, y que tiene inconformes y hasta enardecidos a todos las comunidades pueblos del estado. Hay otros lesionados de idéntica manera a la de José Luis, con agujeros de unos tres de diámetro que les calaron la piel y otros órganos, e incluso llegaron a fracturar huesos en algunos casos. La gente les llama balas de goma, y sea lo que sea, fueron lanzadas por los fusiles que portan estos policías que enfrentan las protestas por encargo del gobernador y sus funcionarios.
Es verdad que el pueblo resistió y respondió a la agresión gubernamental con piedras y lo que tuvieron a la mano, y que los policías quedaron atrapados en el puente que cruza la autopista Puebla–Atlixco, en donde la gente se defendió mejor de la hostilidad gubernamental; los uniformados tuvieron que tirarse por las rampas de los extremos del puente y muchos quedaron lastimados. Hay que lamentar esto también, porque los responsables de la brutal agresión ordenaban las cargas desde cómodos butacones de las oficinas de la Procuraduría, Casa Aguayo o el CIS, nuevo, ostentoso y ofensivo edificio desde donde despacha el gobernador. Los policías aceptan un trabajo infame con un sueldo que no compensa las tareas encomendadas para amedrentar a la población y así tratar de que ésta acepte sin chistar las disposiciones de Rafael Moreno Valle; las que, sin embargo, los tres poderes del estado acatan indefectiblemente, a pie juntillas y en tiempo récord.
El secretario de Gobierno, Luis Maldonado Vengas –flamante perredista uncido por los chuchos en fechas recientes–, fue el encargado de decir que al niño lo mató su propio pueblo, y que los chalchihuapenses atacaron a los granaderos con “piedras de grueso calibre” y mediante una estrategia de grupo armado. La gente se ha cebado en redes sociales y reuniones con estas declaraciones aberrantes. Con la sorna compensamos el horror, porque lo que estamos viviendo en Puebla es el horror. No importa que en otras partes del país el horror sea más cruento y frecuente; esto es el horror y hay que decirlo.
José Luis no es la primera víctima de las acciones de Moreno Valle. Hace pocas semanas murió en la cárcel el luchador social Delfino Flores Melga, de 90 años, detenido por apoyar a un grupo de ejidatarios para recuperar sus tierras, y a quien los poderes Ejecutivo y Judicial negaron el derecho de ser juzgado en su domicilio al tener más de 70 años. Semanas antes, Antonio Esteban Cruz, de Cuetzalan, hombre defensor de su tierra y luchador contra los proyectos hidroeléctricos, fue asesinado a tiros en su domicilio.
Son más de un centenar de personas que han sido aprehendidas durante estos poco más de tres años de sexenio por manifestarse contrarias a las políticas de Moreno Valle y, en este momento, se contabilizan 31 presos de orden social; se encuentran encarcelados desde hace meses y con procedimientos de dudosa legalidad Enedina Rosas Vélez, casi sexagenaria; Abraham Cordero Calderón, y Juan Carlos Flores Solís, por oponerse a la construcción del irracional gasoducto que desemboca en Morelos; hay además decenas de órdenes de aprehensión en proceso. Hay otros presos sociales: por resistirse a las políticas de reprimir violentamente a los mototaxistas y a quienes han protestado contra la desaparición de sus rutas de transporte público a la que el gobernador obliga para asegurar el funcionamiento de un metrobús mal planeado, que al primer año ya ha tenido que ser rescatado por las finanzas públicas y no ha hecho más que complicar las posibilidades de desplazamiento de la gente.
Hay también una infame campaña en medios contra las cabezas visibles de estos movimientos, empezando por la diputada Roxana Luna, perredista y visible disidente de los chuchos. También contra el alcalde auxiliar de Chalchihuapan, y presiones de todo tipo contra los ediles auxiliares que se oponen a las inexplicables medidas morenovallistas; sin embargo, ya son más de 200 los que han entrado al movimiento.
Pero la mayor protesta, actual y creciente, la que propició el asesinato del niño José Luis Tehuatlie, muchos heridos más y cuatro detenidos, es por la desaparición, de un plumazo y sin alternativa, del servicio de registro civil que se daba en las comunidades. Estas acciones se conducen por el mismo sendero de centralizar, de controlar obsesivamente todo y sacar recursos económicos de ello.
¿Qué cree Moreno Valle al actuar de esta manera, provocando un enorme dolor y humillación entre los habitantes del estado? Es inevitable que la protesta aumente porque la irracionalidad y la codicia no menguan. Si les preocupa tanto “el calibre” de las piedras, que Moreno Valle vaya reflexionando más adecuadamente.