Resulta evidente que los puntos de vista de la anticoncepción de emergencia siempre serán incompatibles desde la óptica médica, ética, moral y científica.
En un artículo publicado en 1998 en la revista The New England Journal of Medicine, la doctora Anna Glasier1 planteó la autoadministración de la “píldora” después del coito, orientando la investigación a los efectos secundarios del medicamento. La razón por la que se emprendió este trabajo fue la muy alta frecuencia de embarazos no deseados en Estados Unidos (que ascendía a 1.7 millones por año) y el también alto número de abortos documentados (0.8 millones). Si bien los antecedentes de medicación para prevenir embarazos en una forma emergente no son nuevos (pues se les licenció en el Reino Unido a partir de 1984), debían tomarse bajo estricta prescripción médica y no más allá de las 72 horas después de la relación sexual. Estos dos aspectos se reflejaban en un encarecimiento de la atención y en la dificultad para obtener una cita de carácter urgente con los médicos. En este trabajo se concluyeron dos cosas: de ninguna manera representan un peligro y pueden ser muy efectivos en la disminución de embarazos no deseados.
Ahora bien; el problema del fácil acceso a la anticoncepción de emergencia puede estimular la promiscuidad sexual, las relaciones sexuales no seguras, el abandono de métodos de planificación familiar y la banalidad de los vínculos emocionales y biológicos. Estos aspectos inciden en la salud pública.
Tenemos, por otro lado, dudas sobre la forma en la que actúan. Aunque se considera que el efecto está directamente relacionado con la implantación del óvulo, algunos estudios sugieren una serie de mecanismos diversos que van a depender del tiempo en que se ingiera el producto, el día del ciclo menstrual y el tiempo que haya transcurrido en la relación sexual. Además, a través del efecto hormonal, se puede esperar que la textura del moco cervical (sustancia determinante en la fecundación) pueda variar, haciendo que los espermatozoides no fecunden el óvulo. Finalmente, existen evidencias de que se hace más lenta la motilidad de la trompa de Falopio, disminuyendo la probabilidad de fecundación. Con esto se puede definir que si bien el medicamento no es abortivo como tal, si puede, en efecto, evitar la implantación de un óvulo recién fecundado. Este punto es el que ha generado grandes controversias.
Pero nos referimos a una situación que se ha revisado en países ricos, como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, pero no sabemos con precisión cómo estamos en México.
Es imposible saber el número de abortos clandestinos que se llevan a cabo en México. Tomando como referencia investigaciones en otros países (en Chile, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Salud Pública), cuatro de cada 10 embarazos, terminan en abortos. La clandestinidad condiciona una gran cantidad de problemas de difícil abordaje. En primer lugar, no existe un límite en el cobro de honorarios, de modo que en ocasiones llegan a ser exorbitantes. La situación económica obliga a recurrir a individuos poco preparados que establecen formas de interrupción del embarazo con métodos que sorprenden por su irracionalidad; por ejemplo, la introducción de sondas en el útero para condicionar una reacción de “cuerpo extraño” y generar la expulsión del producto de la concepción; inyecciones de soluciones salinas; dilataciones cervicales con instrumentos diversos. Pero tal vez lo más grave se genera cuando se llegan a utilizar medicamentos peligrosos. Una variedad de abortos con medicinas se condiciona al administrar fármacos para el cáncer. Como estas substancias influyen determinantemente en el proceso de reproducción celular, se dan a dosis indiscriminadas condicionando alteraciones graves en la formación de los productos. Debido a que su efecto no es netamente abortivo, las malformaciones congénitas que condicionan son extremadamente graves y prácticamente en 100 por ciento de los casos. Pero el problema mayor se genera con la facilidad de conseguir estos medicamentos, sin receta médica ni seguimiento estrecho.
Por último, existe un medicamento efectivamente abortivo: la polémica RU–486, cuyos efectos están bien documentados y que solamente es accesible en países como Francia y Estados Unidos (donde fue aprobada el 28 de septiembre del año 2000).
En la misma medida en que las instituciones como la iglesia católica y organizaciones radicales como pro–vida reaccionan con rechazo, en realidad se promueven condicionando el abuso. De hecho, al siguiente día en que la Secretaría de Salud en México aprobó la píldora de emergencia como medicamento para expenderse sin receta, a la airada respuesta de la iglesia, se agotaron en las farmacias, curiosamente “al día siguiente”, todas las cajas de medicamentos anticonceptivos.
Los embarazos no deseados no dependen de un solo factor. Aun cuando el nivel de educación, estrato socioeconómico y medio ambiente sano son factores que influyen en su génesis, no representan las únicas formas en la que se pueden controlar.
Definitivamente es necesario llevar a cabo estudios de investigación profundos y serios para evaluar e identificar la mayor cantidad de factores de riesgo. Pero sobre todo, no podemos dirigir la atención al controversial efecto abortivo o no abortivo de las píldoras pues la mayor problemática no se da en los efectos secundarios (como lo han demostrado estudios científicos), sino en otras esferas de la salud pública, como el riesgo de infecciones por la promiscuidad y el aliento de los jóvenes para llevar a cabo la sexualidad en una forma poco seria e irresponsable. Hay que dirigir la atención en una forma más profunda a esto. Si no lo hacemos de este modo, a la larga no enfrentaremos los embarazos como un problema, sino un incremento inimaginable de enfermedades de transmisión sexual.
1. Glasier A, Baird D. The Effects
of Self–Administering
Emergency Contraception.
N Engl J Med 1998; 339 (1):1–4