Las desapariciones forzadas son un problema de larga data en México, y uno que lejos de haberse resuelto con los años, ha incrementado exponencialmente. A través de las décadas, desde la primera desaparición forzada registrada por el Comité Eureka en 1969, distintos gobiernos han implementado estrategias supuestamente dedicadas a establecer el paradero de las personas desaparecidas y/o traer justicia en cuanto a estos crímenes.
Sin embargo, las cerca de mil desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales desde 1969 no han sido resueltas, no ha habido un proceso real de memoria, verdad y justicia para lxs desaparecidxs y sus familiares ni para la sociedad. Los informes de la CNDH de 1992 y 2001, así como la FEMOSPP (Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) sólo perpetraron la impunidad. Esta impunidad de los crímenes cometidos en el pasado ha sido un cheque en blanco para que los mismos crímenes sigan cometiéndose cada día, para que hoy tengamos más de 40,000 personas desaparecidas (o hasta 300,000, según Olga Sánchez Cordero, quien será Secretaria de Gobernación a partir de diciembre de este año).
En este sentido, lo que haga el nuevo gobierno con respecto a las desapariciones y a las víctimas de la violencia es crucial. Antes de empezar su mandato, Fox habló de comisiones de la verdad y de terminar con la impunidad. Lo que hizo su gobierno fue finalmente una impunidad pactada con pocos o nulos resultados en términos de verdad y justicia. Días antes de la toma de posesión de Peña Nieto se filtró una lista con más de 22,000 nombres de personas “ausentes”, misma que fue primero negada por las mismas autoridades. Durante su mandato y como respuesta a la presión de organizaciones de familiares y organizaciones de derechos humanos se crearon respuestas específicas en cuanto a las desapariciones, desde el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas y la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de 2013, posteriormente renombrada Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en 2015, hasta la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Sin embargo, ninguna de estas respuestas significó un cambio en la realidad de las desapariciones, que siguieron aumentando año con año.
Ayer, en Ciudad Juárez, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, habló de una pacificación y reconciliación nacional a través de un perdón sin olvido. Hace unos días, quien será Secretaria de Gobernación se había expresado sobre la magnitud de la violencia y específicamente sobre las desapariciones, diciendo que serían una prioridad para su gobierno. En este contexto, es imperante alertar que hablar de un perdón otorgado por las víctimas es hablar de impunidad. Los crímenes no deben perdonarse, deben juzgarse y condenarse, para que ese cheque en blanco no siga estando vigente, para que no se cometan más crímenes.
Lo que se necesita para que haya un cambio no es el perdón otorgado por las víctimas. No se necesitan más impunidades pactadas o medidas estéticas, esas ya las hemos tenido y nos han llevado al momento de violencia generalizada y sistemática que vivimos hoy.
Para que haya un proceso de pacificación y reconciliación deben darse medidas de memoria, verdad y justicia. Debe conocerse qué es lo que pasó (y sigue pasando), quiénes son los perpetradores, quiénes son las víctimas, en qué contexto se ha dado la violencia. Debe también reconocerse la responsabilidad estatal. Debe generarse un mecanismo de todas las personas desaparecidas, desde 1969 hasta ahora. Pero fundamentalmente, para garantizar el nunca más, para garantizar la no repetición de los crímenes, debe haber un proceso serio de justicia como el que organizaciones a lo largo y ancho del país están exigiendo. Sólo así, a través de la justicia con memoria y verdad se podrá empezar a recorrer un largo camino de reconstrucción del tejido social, que debe realmente estructurarse como respuesta a una escucha real de las víctimas.
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