La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó, por 288 votos a favor, 144 en contra y 18 abstenciones, una reforma a la Ley de Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que atenta contra los derechos de las audiencias y por ende al derecho a la información de los ciudadanos y elimina facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Entre los puntos más importantes de la denominada #LeyTelevisaDöring se elimina la obligación de los concesionarios de radio y televisión a “diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” y modificó la obligación de “aportar elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa” por la mera recomendación de “que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa…”. Lo anterior deja abierta la posibilidad de los concesionarios sigan difundiendo publicidad o propaganda de manera encubierta.
Asimismo, se estableció que tanto los Códigos de Ética como los defensores de las audiencias no estarán sujetos a convalidación o revisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, bajo el “principio de autorregulación”, dejando a discrecionalidad de los concesionarios la defensa de los derechos, convirtiéndolos en juez y parte.
Los diputados fueron sordos a los llamados de las organizaciones de la sociedad civil especialistas en el tema entre ellas la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), Fundar, Artículo 19, Observatel y la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), quienes, a través de un comunicado, denunciaron que se trató de una contrarreforma elaborada “sin consultas públicas, de manera apresurada y en secrecía” y denunciaron que los legisladores vendieron “los derechos de la sociedad mexicana a cambio de los favores de las televisoras y grupos de radio comerciales, otorgándoles a particulares privilegios indebidos y en contra del interés común”.
De los 22 diputados federales –electos por mayoría relativa y plurinominales– que representan al estado de Puebla, 10 de ellos –cinco del PRI, cuatro del PAN y uno del Partido Verde– votaron a favor. Cuatro –Tres de Morena y uno “sin partido– votaron en contra. Uno –del PAN– se abstuvo (sería bueno conocer el motivo para dicha decisión). Los siete restantes –3 del PRI y 4 del PAN– estuvieron ausentes en la sesión.