En este año electoral y de renegociación del TLCAN que nos ata económicamente con el imperialismo gringo, las pinzas represivas del poder toman dos grandes vertientes: la represión selectiva y la masiva.
Se reprime selectivamente a los grupos de la sociedad que impactan en el orden favorable a los pactos entre las transnacionales, los gobiernos, los cárteles y el sistema de partidos, siempre bajo la intervención u ocupación geopolítica y militar del imperialismo estadounidense.
Dividir, controlar y exterminar al pueblo
Por una parte, se atenta, levanta, secuestra, asesina o ejecuta extrajudicialmente y se extorsiona al sector de políticos medios y bajos de los partidos en pugna electoral. Las muertes de ex alcaldes, miembros de partidos diversos en competencia, funcionarios en activo y jefes de “seguridad”, aunque sea gente con historiales de corrupción y crimen, son utilizados para mantener divididos y en confrontación a muchos pueblos y, en esas localidades (como Oxchuc) donde se pone a pelear a sectores del mismo pueblo, se anticipa que los pactos para dar a uno u otro partido el triunfo se harán por fraude o por la violencia.
Más allá de las elecciones, la lucha entre partidos dividirá a las poblaciones y las hará dependientes de la fuerza que en esos territorios se imponga. Esto ocurre en todo el país y utiliza la violencia de sicarios del narco y grupos paramilitares partidistas como el Movimiento Antorchista, los del verde, segmentos de la UPOEG en Guerrero y del Frente Popular Revolucionario en Oaxaca, por dar solo algunos ejemplos.
Sin embargo, la represión selectiva coloca en primer lugar a abatir, encarcelar, desparecer, despojar o desplazar a las y los luchadores sociales de organizaciones, comunidades, medios y grupos que defienden sus territorios, se rebelan a la pérdida de derechos y crean organización y formas de gobierno autónomas y en resistencia ante los megaproyectos, las zonas económicas especiales, los grupos paramilitares o la ocupación por fuerzas policíacas, del ejército y de la marina a sus comunidades, barrios y caminos.
La lista en los últimos meses de ataques selectivos a este sector organizado y en lucha del pueblo reúne las masacres de La Concepción y la cárcel a dirigentes del CECOP en Acapulco, Guerrero o la toma policíaca y paramilitar con asesinatos en la mina Media Luna. La presión continua sobre la CRAC- Policía Comunitaria en el mismo estado. Los operativos contra maestros normalistas y estudiantes en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. La desaparición, el asesinato o los atentados contra luchadoras sociales comunitarias y populares como a la compañera Campanur de Cherán, Michoacán, que también ocurren en Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Nayarit, etcétera.
Además, la impunidad que prevalece sobre los asesinatos, masacres amenazas y agresiones a luchadoras sociales como el asesinato de Meztli Sarabia en Puebla, o sobre los luchadores sociales de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, principalmente de pueblos indígenas o de las bases magisteriales. Siguen los atentados, asesinatos a decenas de periodistas y a defensoras de derechos humanos en todo el país y los desplazamientos de población y agresiones a comunidades originarias en resistencia en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Puebla, Jalisco y Nayarit.
También quieren asustar a la población
Por su parte al represión política masiva es el estado criminal y de terror sobre el conjunto de la población en las áreas con el pretexto que hay una lucha entre los bandos del crimen organizado y que solo a ellos afecta, aunque en verdad atentan contra cualquiera de las personas, incrementan la muerte, el terror por las desapariciones, levantones, extorsión, feminicidios y desplazamientos por la inseguridad de vidas y bienes.
Esa represión masiva imprime un ambiente de terror y disputa por el control político militar de los territorios en el norte del este al oeste del territorio, así como en el arco del Golfo de México. En cambio en el centro, sur, y sureste del país, va acompañada de la intimidación a los pueblos y barrios que tienen luchas (o a quienes se sienten amenazados o descontentos) por tanto despojo, explotación o pérdida de libertad para expresarse y organizarse. Muchos desaparecen y suman miles las fosas clandestinas y solo a algunos se les ha podido identificar. Son también victimas los habitantes de lugares donde se persigue hasta a las familias que hacen todo por encontrar o recuperar con vida a las víctimas de las violencias o las que siquiera desean convivir con tranquilidad en sus espacios y desean que la violencia y el crimen no arrastre a sus hijos. “¿Por que no podemos tener paz?”, se preguntan los padres de un joven estudiante de música asesinado en Veracruz en días recientes.
La extorsión sistemática de policías a estudiantes y jóvenes en la Ciudad de México llevó a un estallido de protestas organizadas y espontáneas contra la desaparición forzada y tortura del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores, obligando a su presentación y a visibilizar el terror policíaco que se aplica a las y los jóvenes sólo por serlo.
La defensa legítima es necesaria
El 2018 es un año donde en las elecciones pesa el voto de la Guerra contra el Pueblo. Y junto a los poderosos y sus fuerzas militares y paramilitares ha crecido el miedo como el enemigo principal que llevamos dentro.
A lo largo de nuestra historia y la de los pueblos hermanos se ha visto que sólo la preparación y organización para sobrevivir a las formas de la represión política permitirán el florecimiento de la vida digna. Ya construyen formas legítimas de defensa, denuncia, resguardo y solidaridad quienes aprenden a controlar el miedo y se animan a resistir organizados contra el sistema de fuerza, corrupción y engaño que domina.
Son semillas de vida
La compañera Guadalupe Campanur, fundadora del cuerpo de guardabosques de Cherán, activa en la lucha por la seguridad, la justicia y la reconstrucción del territorio comunal desde el 2011 hasta el día de su asesinato por estrangulamiento en una zona foránea a su comunidad a manos de posibles sicarios o criminales. Se favorece a los caciques, empresas depredadoras y gobiernos que odian el gran papel de las mujeres en la construcción y el florecimiento de los pueblos.
Igual nos propicia coraje la multitud de feminicidios en todo el país y las nuevas amenazas que sobre otras defensoras del territorio y la vida digna han sido difundidas recientemente sobre dos concejalas del Congreso Nacional Indígena: la policía de Ciudad de México echó a la señora Magdalena García Durán –mujer mazahua– de donde vendía artesanías, argumentando que el comercio no está permitido en lugares públicos; y la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano de garantizar la vida y libertad de Bettina Cruz Velásquez – zapoteca–, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, sobre quien pesan amenazas por oponerse a la invasión del territorio zapoteco por los parques eólicos.
Ni una mujer agredida más. Las mujeres indígenas marchan adelante sembrando vida digna.