Resulta difícil entender que un latinoamericano no se pronuncie a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos, o que no experimente al menos cierta simpatía con la causa independentista de Cataluña. Porque aunque nuestra historia colonial parece lejana, no lo es tanto cuando constatamos la fuerte presencia de relaciones de subordinación existentes en nuestras sociedades latinoamericanas en pleno siglo XXI, la discriminación cotidiana por razón de etnia y lengua que padecen amplios sectores de su población y las desigualdades económicas que estas conllevan. Las formas de poder ejercidas bajo la colonia no resultan tan remotas cuando reconocemos que se han perpetuado los lazos de dominio y desigualdad en sus formas más brutales o, en algunos casos más sutiles pero no por eso menos crueles.
Probablemente es por esto que al hacer el seguimiento de la transmisión en directo del juicio a los presos políticos catalanes, resulta inevitable no experimentar indignación, rabia y dolor que a los latinoamericanos nos remiten a esas viejas experiencias históricas que parecen no haber cambiado mucho.
En Latinoamérica, la transición española fue considerada ejemplar. No nos cabía la menor duda que España había hecho un interesante proceso de transición hacia la democracia, sustentado en un atractivo relato progresista de izquierdas. Pero oh decepción, nos equivocamos, nos engañaron, a la distancia nos faltaban algunos hilos de la historia para darnos cuenta que aquello de pasar página sin juzgar a los responsables de una dictadura criminal no podía conducir a una verdadera democracia. Y por eso para muchos de los latinoamericanos que elegimos vivir en Barcelona, que votábamos PCC y leíamos el País, descubrir las evidencias de lo que había detrás de ese proceso, de lo que no habíamos visto porque se había ocultado o porque no supimos ver el árbol genealógico del poder y la justicia, la indignación, la decepción y el desengaño ha sido demoledor.
La justicia criminal del siglo XVIII en México, es el libro del historiador estadounidense Colín M. MacLachlan, en el que realiza un estudio sobre el ejercicio de la justicia española en la llamada Nueva España. Es una historia que se centra en el Tribunal de la Acordada, creado en 1722 para controlar y dominar los amplios territorios sometidos por la Corona española y al que se le otorgó una amplia competencia en los territorios coloniales.
La investigación no solo se centra en la cédula XLIII, de 1722, de aprobación de la creación del Tribunal, sino que penetra y analiza a profundidad el funcionamiento real de la justicia encargada de legitimar la dominación de los indios a cualquier precio. Los métodos violentos del primer juez propietario y capitán de la Acordada, impusieron rápidamente el orden, los capturados eran ejecutados y expuestos para escarmiento de toda la población. En la entrada de la prisión de la Acordada, aparecía la siguiente advertencia: “Pasajero: respeta este edificio y procura evitar su triste entrada pues cerrada una vez su dura puerta sólo para el suplicio se halla abierta”. El nombre del libro ya indica que no se trataba de simples abusos sino de procesos criminales ejecutados por los encargados de administrar la justicia.
El historiador contemporáneo García Marín, señala cómo la manipulación del derecho y, sobre todo, del procedimiento judicial, pasó a constituir un formidable instrumento de opresión. En 1778 el virrey Bucareli escribe que los vecinos De la Villa de Orizaba se quejan de los autos dictados contra los indios, porque son muestra del desafecto y el odio que los españoles profesan, en los siniestros informes con los que han pervertido sus inclinaciones.
Parece que los viejos vicios, las viejas prácticas de una justicia criminal española, no se curan con el tiempo, sino todo lo contrario, se arraigan y se normalizan. En los juicios a los presos políticos de Cataluña se constata el desafecto que la justicia española profesa contra los catalanes, y los siniestros informes con los que han pervertido sus inclinaciones.