De nuevo sobre la deuda odiosa

El servicio de la deuda devora una proporción creciente de los ingresos

por exportaciones, (…) los nuevos préstamos se hacen imprescindibles,

como el aire al pulmón, para que los países puedan abastecerse


Eduardo Galeano

La teoría de la deuda odiosa se presentó desde el siglo XIX, cuando se determinaba que las deudas contraídas por las naciones, que estaban en los tiempos de estos contratos, gobernadas por autoridades ilegitimas o, bien, cuando los préstamos se habían solicitado para meros dispendios, éstos no deberían ser reconocidos por el propio Estado y, por ende, no deberían cubrirse por los gobiernos subsecuentes. A esto es a lo que se le denomina la “teoría de la deuda odiosa”, pues con ésta no es el pueblo el que se beneficia para afrontar, por ejemplo, los problemas sociales ni es para subsanar las necesidades propias de la nación, sino que son prestamos que, de alguna forma, no benefician más que a quienes, en su momento, ostentan el poder. En parte, la determinación de Benito Juárez de suspender los pagos de la deuda externa se debe a esta teoría, pues se publicó la “Ley para el arreglo de la hacienda pública que suspende el pago de la deuda internacional por parte de México por el plazo de dos años”, lo que ocasionó el reclamo de los países europeos para exigir el pago (Vergara Nava, Silvino. Entre depredación e indiferencia. Puebla: Paideia.mx, 2018)

Al respecto de la deuda odiosa, en estos últimos días del mes de julio de 2018, se esta reuniendo el denominado grupo de los 20 (El G–20) conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, Australia, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea; reunión que se realiza en Buenos Aires, Argentina, y que tiene por objeto debatir los temas económicos que le atañen al planeta. Por lo mismo, hemos observado en los diversos medios de comunicación (La Jornada, domingo 22 de julio de 2018) una serie de manifestaciones por parte de la población bonaerense, así como algunos reclamos por las políticas económicas que normalmente se implementan a nivel global, las cuales han ocasionado una mayor afectación a las economías de los ciudadanos comunes, desde luego, en beneficio de las grandes corporaciones internacionales. Por ello, en las manifestaciones se han puesto pancartas al respecto de la “deuda odiosa”, pues es sabido que muchas de las deudas de los Estados no son recursos para beneficio de la población. En palabras de Eduardo Galeano: “Las corporaciones multinacionales, pues, no solo usurpan el crédito interno de los países donde operan a cambio de un aporte de capital bastante discutible, sino que además les multiplican la deuda externa”. (Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América latina. Ciudad de México: siglo XXI editores, 2009).

Pues bien, esas deudas y muchas regulaciones y legislaciones que se imponen en los sistemas jurídicos de los países se realizan atendiendo al beneficio de esas grandes corporaciones, como bien lo sintetiza el profesor italiano Luigi Ferrajoli: “Los poderes económicos privados, los financieros, sobre todo, se desarrollan inevitablemente como poderes ilimitados y salvajes, capaces de condicionar e imponerse, como hoy está sucediendo, a los mismos poderes públicos”. (Ferrajoli, Luigi. Los derechos y sus garantías. Madrid: Trotta, 2016).

Un ejemplo claro de las disposiciones legales–económicas que se imponen desde afuera a los Estados son las denominadas leyes para evitar el lavado de dinero o, también denominado, lavado de activos, que son imposiciones de los organismos internacionales en los Estados, como es el caso mexicano. El objetivo de esta regulación sostiene expresamente: “Proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita”. Por ello, se aplican esta serie de medidas legislativas que provocan mayores cargas administrativas a los particulares comunes y abonan poco al combate mundial contra ese tipo de practicas ilícitas, puesto que, incluso, es algo que sale, desafortunadamente, del control de las propias naciones.

Es evidente que todo el panorama actual, de marchas y protestas en contra del denominado G–20, tiene una razón: que las decisiones y determinaciones que se concluyen en esas reuniones en poco benefician a la población mundial, como recuerda Daniel Innerarity (La política en tiempos de indignación. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2015) respecto a los reclamos de los denominados “indignados” españoles de 2011: “Nuestros sueños, no caben en vuestras urnas”. Y los que participan y toman las decisiones en esas reuniones nadie los eligió, pero resulta que toman medidas para todos, en particular para seguir endeudando a todo el planeta con “deudas odiosas”.