Al gobierno le interesa más quedar bien con los acreedores que gastar en la reconstrucción de las zonas devastadas

El secretario de Hacienda del país ha dicho que “ni más déficit o deuda por gasto en reconstrucción”. Ha afirmado que los desastres naturales que han golpeado al país no modifican las proyecciones macroeconómicas de 2017 ni las consideradas en el paquete económico para 2018, y que proseguirán con la reducción del déficit público, y el objetivo del superávit fiscal primario (que es la diferencia entre ingreso y gasto antes del pago del servicio de la deuda pública), que quieren alcanzar. Y ello lo hacen con el fin de cubrir el pago de la deuda pública y seguir reduciendo su monto. De hecho, los recortes presupuestales que se han venido instrumentando llevaron a que la deuda pública del país disminuyera en 442 mil 700 millones de pesos entre el cierre del año pasado y agosto de este año.

Dicho funcionario ha señalado que “los eventos de septiembre no tendrán impacto en… la trayectoria de consolidación fiscal”, lo que evidencia que mantendrán la austeridad y el superávit fiscal, a pesar de los desastres acontecidos en las semanas pasadas. Añade que en el paquete económico para el próximo año, “habrá espacio para reflejar la prioridad” que representa la reconstrucción de la infraestructura y bienes dañados por los sismos, y que “hay tiempo para hacer ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año para enfocarse más a la reconstrucción”. Ello pasa a evidenciar que lo que el gobierno asigne a las obras de reconstrucción, será limitado, y lo contrarrestarán con recortes en otras áreas para mantener sus objetivos de “responsabilidad” fiscal de superávit fiscal para ser bien vistos por los mercados financieros, sin importarles las necesidades de ayuda y reconstrucción que demandan las zonas y familias afectadas.

No se puede seguir insistiendo por parte de las autoridades hacendarias en políticas fiscales restrictivas en contextos de bajo crecimiento, aumento de pobreza, creciente desigualdad del ingreso, y mucho menos ante los altos requerimientos de gasto público que se requieren para la reconstrucción de la infraestructura, escuelas, hospitales, casas de los pueblos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, estado de México y de los edificios y casas dañadas en la Ciudad de México.


El gobierno debe expandir el gasto y trabajar con gasto público deficitario para atender las demandas surgidas por dichos eventos lamentables, e impulsar el crecimiento y el empleo que exige la economía nacional.

El gobierno se opone a caer en déficit fiscal y en mayor deuda, sino que se pronuncia por política fiscal “responsable”. Hay que recordarles que la política fiscal debe ser evaluada por su impacto en el desarrollo económico, y no por los niveles de déficit y de deuda. Al impulsar el mayor gasto público el desarrollo tecnológico, como al sector agrícola e industrial y la generación de empleo, se incrementaría el ingreso de empresas e individuos, y por ende el ingreso tributario, lo que reduciría el déficit fiscal inicial y los niveles de endeudamiento. La deuda se cubre con mayor generación de ingresos, para lo cual hay que incrementar la dinámica económica, y no contraerla como hace el gobierno al restringir el gasto público para alcanzar el superávit fiscal. El menor crecimiento económico se traduce en menores ingresos para el sector privado como en menor generación de empleo, lo que redunda en menor captación tributaria, por lo que no alcanzarán el superávit fiscal, ni la reducción de la deuda pública que buscan alcanzar en 2018.

La política fiscal, como el resto de la política económica, debe responder a las necesidades del pueblo de México, y no a lo que demandan los dueños del dinero. Los recortes presupuestales que realiza el gobierno achican el tamaño y participación del gobierno en la economía, lo que lleva a la privatización de la industria petrolera, de la industria eléctrica, de las carreteras, de la educación, de la salud, y demás servicios públicos y frenan el crecimiento económico, la generación de empleos, lo que agrava la pobreza y la desigualdad del ingreso y de la riqueza. La cúpula empresarial, así como el gobierno, se oponen a expandir el gasto público para impulsar el empleo, los sectores productivos y el bienestar de la población, porque dicen que ello es “populismo, que ofrece respuestas engañosas a la sociedad”, pero lo que no reconocen es que la política predominante que instrumentan y defienden, engaña al pueblo prometiendo crecimiento y bienestar que nunca se cumple, sino que solo nos ha llevado a acentuar la extranjerización y la riqueza en manos de unos cuantos y a caer en altos niveles de endeudamiento público y privado que beneficia al sector financiero, por la transferencia de recursos que ello implica.