Dicha reforma pretende ser el motor del crecimiento de la economía a través de impulsar el crédito y abaratar su costo. Ello quieren lograrlo a través de promover la competencia en el sistema bancario, como modificando el marco jurídico para dar certidumbre a la banca de que podrán cobrarse los créditos no pagados a través de las garantías. Parten del supuesto de que los créditos no se otorgan porque no hay certidumbre jurídica para cobrarse a través de las prendas dejadas a cambio del crédito.
En un contexto de banca altamente oligopolizada, no hay competencia alguna que pueda llevar a incrementar el crédito o a bajar la tasa de interés. La tasa de interés de referencia, la determina el banco central para atraer capitales para incrementar reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio y bajar la inflación, por lo que no bajará dicha tasa. La banca comercial no reducirá la tasa de interés debido al riesgo de insolvencia presente que no elimina la reforma aprobada.
Tal reforma no analiza el por qué la banca no ha venido prestando al sector productivo, y ha sido disfuncional al crecimiento económico. Ello ha sido así porque las empresas productivas han visto disminuidos sus ingresos, tanto porque no son competitivas frente a importaciones por el dólar barato con que se trabaja, como por el menor crecimiento del mercado interno ante la caída de salarios y el subempleo y desempleo existente. La reforma financiera para nada cuestiona la política económica causante de ello, sino su preocupación es fortalecer a la banca y darle los instrumentos judiciales que le permitan cobrar la cartera vencida a través de las garantías crediticias, como retención de bienes de los deudores, y radicación de éstos. A pesar de ello, si la banca no tiene asegurado el reembolso del crédito no lo otorgará, y por su parte, las empresas no demandarán crédito si no ven incrementado el ingreso para cubrir las obligaciones financieras derivas del crédito, ante el temor de perder sus garantías, o de ser embargados por la banca.
La reforma señala que la banca incrementará el crédito, pero de hecho afirma que para ello los demandantes de crédito tienen que ofrecer garantías que respalden el pago del mismo, por lo que seguirá más de lo mismo. Las garantías que pide el banco superan el valor de los créditos, por lo que las empresas e individuos no arriesgarán sus pocos activos para pedir créditos, ante el temor de perderlos, y menos ahora que dicha reforma agiliza el proceso judicial para que la banca se apropie de dichas garantías.
La reforma se encamina a fortalecer más a la banca. Establece que ésta debe ser rescatada ante problemas que comprometan el valor de sus activos cuando caigan en insolvencia. Es decir, se institucionalizan los rescates bancarios y la socialización de las perdidas bancarias, tal como aconteció en 1995 y 1996, deuda que hasta ahora se sigue pagando a una banca que es disfuncional a la dinámica económica. Se da manga ancha al sector financiero para que se autocorrija ante irregularidades cometidas. Siguen confiando en que el mercado se autocorrige. No reconocen que ello no acontece, tal como se evidenció en la crisis de 2008–2009 en Estados Unidos. La reforma abre las puertas a la inversión extranjera, ya dominante en la banca comercial, y ahora en sociedades de inversión, como en organizaciones auxiliares de crédito, y en calificadoras de valores, lo que compromete más al sistema de pagos, nulificando prácticamente la el trabajo de las instituciones públicas encargadas de supervisar y regular al sistema bancario y financiero en beneficio de la dinámica económica. La reforma considera que el mercado de valores incorpore innovaciones financieras para que se modernice, sin considerar que tales prácticas han sido las que han llevado a crisis frecuentes a los mercados de capitales a nivel mundial. Mientras otros países tratan de regular al sistema financiero a fin de frenar sus prácticas especulativas que desquician el funcionamiento de las economías, aquí se procede a otorgarle todo el poder que dicho sector demanda. Se legisla para que sigan las prácticas especulativas, fraudulentas y de robo que realiza el sector financiero, y no para favorecer el crecimiento económico, la generación de empleo, y el bienestar de la población. El gobierno y los partidos que aprueban dichas legislaciones, deben decirnos cuál es su proyecto de nación que impulsan.