Tras dar línea a los ayuntamientos que encabeza el albiazul para que no avalen la recientes reformas constitucionales, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) promueva la acción de inconstitucionalidad a fin de impugnar diversos numerales de la reciente reforma constitucional que dio origen al Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
En conferencia de prensa y tras reconocer que no tienen los números necesarios para promover este recurso jurídico, pues deberían ser ocho los diputados que estén en contra de esas nuevas disposiciones, pero solo son cuatro, el presidente estatal del PAN, Carlos Carreón Mejía lamentó que las recientes enmiendas constitucionales que dan origen a este sistema anticorrupción hayan sido “al gusto y antojo” del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez” y no a favor de combatir ese flagelo.
Además, reiteró que este nuevo esquema legal tiene visos de inconstitucionalidad, ya que existen disposiciones que incluyeron en la reforma locales que contravienen y trastocarían lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, la diputada panista Guadalupe Sánchez Santiago explicó que la inconstitucionalidad de estas enmiendas con respecto a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el cual debe ser autónomo en lo jurídico y presupuestal, “pero aquí fue creado como un tribunal dentro de otro tribunal, pues lo conforman dentro del Poder Judicial de Tlaxcala y lo hacen dependiente del presupuesto que se le apruebe al Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que contraviene lo establecido en la Carta Magna”.
Otro aspecto negativo es que con la reforma se invade la autonomía de organismos autónomos, al crearles contralorías internas en las que sus titulares serán designados por los diputados locales en turno.
“No es procedente que el Congreso designe a los titulares de los órganos internos de control de los órganos públicos autónomos, porque violaría su autonomía, la cual consiste en la no intromisión de un tercero en las decisiones o en la estructura interna de dichos órganos”, puntualiza la postura panista.
Además, consideraron inconstitucional que para nombrar a quien encabece la titularidad de las contralorías internas de los órganos constitucionales autónomos se requiera solamente de las dos terceras partes de los diputados presentes en una sesión, partiendo del quórum legal y no del total de los diputados que integran la legislatura, con lo cual “existiría la posibilidad de aprobar al titular con solo nueve diputados”.
Ante ello, los diputados Sánchez Santiago, así como el coordinador de la bancada, Carlos Morales Badillo y la dirigencia estatal pidieron a sus alcaldes no promover la aprobación de esta reforma en sus cabildos, mientras, dijo Carreón Mejía realizan la defensa jurídica de la postura del albiazul.