Germán González Juárez
El pasado 5 de febrero se conmemoró, como cada año, el aniversario de la Constitución Política mexicana, la cual fue promulgada en 1917; de tal manera que este año se está festejando su centenario, a lo largo de estos 100 años y de acuerdo con el sistema de contabilidad que usa la Cámara de Diputados, incluyendo la reforma política de la Ciudad de México, son 696 modificaciones, mediante 227 decretos de reforma, los que ha tenido nuestra Carta Magna, lo que hasta ahora nos deja una Constitución modificada en más de un 80 por ciento en comparación con la que se promulgó en 1917.
Cabe resaltar que el texto de la Constitución es y debe ser de interés para todas y todos los mexicanos, pues en ella se plasman aspectos esenciales de la vida de todo ciudadano mexicano. El texto constitucional está dividido en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática, en la dogmática están contemplados los derechos fundamentales de las personas, comprendidos del artículo 1 al 27, a partir de éste hasta el artículo 134 contempla la organización del Estado.
En relación a las reformas es conveniente analizar aquellas que están enfocadas al sector energético, es el caso específico de los artículos 27 y 28 de la Constitución, pues estas adecuaciones dan pie y apertura para que múltiples empresas puedan invertir y operar en la industria energética nacional, esto es totalmente preocupante, sobre todo en materia ambiental, pues recordemos que por cada empresa que entra a nuestro país, se ven afectados diversos sectores y zonas donde se asientan las mismas, pues acarrean consigo una enorme consecuencia de devastación ambiental y consumo de recursos naturales.
La intención de reformar dichos artículos está enfocada a permitir que el sector privado pueda explotar y operar nuestros recursos naturales y energéticos, y se establece que la nación podrá llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares. Asimismo, permite celebrar contratos con particulares para que participen en las actividades de la industria eléctrica.
Si bien estas acciones están enfocadas a “mejorar” la economía del país, es cierto también que hay un costo muy alto para nuestras comunidades, recordemos la problemática social y de violación a derechos humanos generada en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos por la entrada del Proyecto Integral Gasoducto Morelos, como fue la división entre la población de las comunidades, el no respetar las resoluciones de asambleas comunitarias que habían determinado no vender sus tierras –sin embargo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) negoció de manera particular con los propietarios– y el riesgo y temor que persiste en la ciudadanía de algún accidente en la estructura del gasoducto, todo esto es solo una pequeña muestra de lo que implica una reforma constitucional, que aparentemente beneficiará a la sociedad.
El paso del gasoducto por las comunidades provocó la venta de tierras de los pobladores, cambió el ritmo de la vida campesina, además de modificar los lazos comunales de los pueblos, entre otras consecuencias, como fue la violación a los derechos humanos de los pueblos y el riesgo latente que representa el gasoducto, pues puede atentar contra la vida de los ciudadanos, ante las ordeñas y tomas clandestinas que se presentan y además por falta de capacidad para monitorear y regular estos actos ilícitos por parte del Estado, se pueden repetir hechos catastróficos como el de la desgracia y homicidio masivo industrial del 19 de diciembre de 2010, en el que la negligencia de Pemex por falta de mantenimiento a sus ductos en San Martín Texmelucan, y las tomas clandestinas, entre otros factores, provocaron esa dolorosa catástrofe.
Al final esta desgracia se puede repetir, pues sabemos que el Estado es experto simulador de hacer y no hacer nada, que no es capaz de brindar una certeza de protección y garantía de seguridad al no mejorar las normas de regulación ambiental para mejorar y proteger los ecosistemas, ni mucho menos para proteger nuestros derechos fundamentales como dicta nuestra Carta Magna.
También sabemos que el Estado siempre presenta una postura de buen gobierno que atrae inversión y bienestar, sin embargo, este supuesto progreso industrial solo acarrea una gran problemática socio–ambiental, nos aleja de las formas de vida que se está acostumbrado en los pueblos, porque los planes de negocios de las empresas, adoptados por los gobiernos de los Estados como políticas públicas, solo son en beneficio para unos cuantos y genera problemas a miles de personas.
Este panorama es una pequeña parte de lo que significa la contaminación y destrucción del modo de vida de todos los mexicanos, además de que representa el saqueo de nuestros recursos para beneficio de unos cuantos, hay que plantearnos si estas nuevas reformas constitucionales realmente cumplen con la tutela de los derechos de todos los individuos de esta nación, de manera personal creo que se encuentra lejos de proteger y garantizar los derechos humanos de los mexicanos.