A cinco años de ejercicio, el modo de gobernar y sus consecuencias sociales están puestos en tela de juicio. Mientras la seguridad pública es tema de permanente alabanza gubernamental (“Puebla es un estado seguro”) por la instalación de arcos de seguridad en distintos puntos del estado, Fernando Antonio Treviño Núñez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, denuncia: “El delito de robo en carreteras en Puebla reporta durante lo que va de este 2015 un incremento de 161 por ciento, con respecto al año pasado, pues en la entidad pasamos de 84 casos, de enero a julio de 2014, a 220 en el mismo lapso de este año…destacó que el robo del transporte de mercancías, que suele darse de manera frecuente en las carreteras de la entidad poblana, afecta a empresas y pone en riesgo una importante cantidad de empleos.” (e–consulta, nota de Ericka Mejía Peniche, septiembre 16, 14:31 horas). Ha surgido también un velo de duda: ¿Es Puebla un santuario del narco, como dice la agencia estadunidense Stratfor? (La Jornada de Oriente, nota de Martín Hernández, 23 de septiembre 2015).
Cuando oficialmente el Secretario de Infraestructura Luis Bank sale a justificar las inundaciones del 14 de septiembre atribuyéndolas a lluvia atípica y basura, surge la seca advertencia de Francisco Romero Serrano, presidente del Consejo de Organismos Empresariales: “Las lluvias demostrarán que las obras de RMV son una basura.” (La Jornada de Oriente, 17 de septiembre, nota de Martín Hernández). En el norte, el verificentro denominado Estados Unidos de América ha reprobado ambientalmente a los automóviles VW diésel que se producen en Puebla y los franquiciatarios de la marca “…coincidieron con los representantes y líderes de otros sectores productivos poblanos, en el sentido de que la administración morenovallista no ha apoyado suficientes actividades económicas distintas a las que dependen directamente de la suerte de la factoría alemana…” (La Jornada de Oriente, 24 de septiembre, nota de Martín Hernández).
¿Qué es lo que genera estas miradas y discursos tan disímbolos? Una relación de poder: entre quien lo tiene y el carente de él. Cuando se gobierna a base de poder, sin considerar lo que piensen o hagan aquéllos que lo padecen, estamos en presencia de un gobierno autoritario. Su actuación genera un sinnúmero de problemas para la población, que los percibe sólo como sus “problemas legales” sin percatarse que lo que tiene enfrente es, realmente, un grave problema político: la forma de gobierno y el diseño de un modelo específico de sociedad y de relaciones humanas dentro de ella. Es decir ¿para qué se utiliza el poder del estado? ¿a quién se beneficia y a quién se perjudica mediante los contenidos y aplicación de las leyes?
Los hechos denunciados por los organismos empresariales permiten una mejor evaluación de conjunto sobre el desempeño del gobierno en su tarea de conducción social. Cuatro ejes parecen regir dicha tarea: a) la infraestructura; b) el cobijo del consorcio alemán VW; c) la procuración y administración de justicia; d) la concreción de las políticas federales.
Las obras de infraestructura han sido puestas en la picota tanto por la agria crítica de las lluvias como por el punzante señalamiento del COE. La vanagloria por el asentamiento de Audi y el florecimiento de la producción de autos en Volkswagen ha sufrido un serio revés por la crítica de los vendedores. La procuración y administración de justicia –corroídas por la corrupción, el despido infame de personal, los criterios jurídicos arbitrarios y el desvencijamiento institucional– están en el cadalso por esa insultante contradicción que pone enfermizo énfasis en perseguir y encarcelar disidentes o inconformes, mientras la delincuencia crece sin freno como advierte el CCE; pero sobre todo, por el final que tenga –a su tiempo– la impactante cuestión planteada por Stratfor. El desarrollo de políticas jurídicas encaminadas a dar cuerpo a las reformas estructurales impulsadas por la Federación –sobre minería, expropiación, privatización, represión de movimientos sociales, etcétera– ha tenido la virtud de incendiar a una buena parte de la población que se opone a tales proyectos empresario–gubernamentales de despojo y muerte. Bajo la lógica actual de gobierno, los opositores visibles serán candidatos a la persecución y al encarcelamiento en un inmoral círculo vicioso que ya encierra a 241 personas acosadas, perseguidas o presas por motivos políticos.
En este marco, el conflicto que la 28 de octubre enfrenta con la presente administración se agrava dolorosamente con las enfermedades que aquejan a Simitrio derivadas de las duras condiciones de su reclusión y de la mezquindad gubernamental para permitirle atención médica adecuada y urgente. Una decisión de poder le privó injustamente de la libertad y ahora juega, alevosa y miserablemente, con su salud. Como preso político enfrenta la pérdida de su libertad con la misma fortaleza y convicción de ideales con que lo hacen las demás personas víctimas del autoritarismo. Como hombre enfermo, porque su salud no debe ser objeto de prisión ni moneda de cambio para el sometimiento político de nadie, reclama del gobierno poblano alguna actitud que revele que, aparte de poder, posee algo de honor. Si la Constitución ya no ayuda: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”; si la autoridad federal es cómplice voluntario (¿autor intelectual?) de esta situación; entonces apelamos al honor, si es que lo hay. A los poblanos pedimos su comprensión y apoyo para conminar al gobierno a respetar el derecho a la salud de Simitrio.