Seguimos. Resulta inevitable, ante la ausencia de confiable información gubernamental, el ejercicio práctico de aquella actividad especulativa que un panista bautizara con el nombre de sospechosismo. Aplicándolo a la situación que guarda el conflicto que enfrenta la 28 de Octubre con el actual gobierno, brinda elementos para tratar de responder la interrogante ¿qué hay detrás del golpeteo a esta organización? Las posibilidades sospechosamente más consistentes serían dos. ¿La pirámide del cerro de Cholula supliría eficientemente la carencia de unas imponentes barrancas del cobre como para justificar la construcción y puesta en marcha del Peche (o sea, Tren Turístico Puebla–Cholula)? Una vía, por ahora inútil, pasa juntito al Mercado Hidalgo. O tal vez ¿la instalación de alguna pequeña oficina que funcione como central para el negocito de autos de filial alemana, cuya marca evoca aparatos para sordera, con la discreta intención y secreta esperanza de que “alguien”, en algún momento, reciba una que otra de las acciones representativas del capital como gracia por los favores recibidos? ¿O, las dos?
En caso de que cualquiera de estas sospechas adquiriera cuerpo, se trataría de un acto de gobierno que exhibiría, en conflicto abierto, el interés económico de una empresa privada –propagandísticamente vanagloriada con la monserga de la creación de empleos de “clase mundial”– frente al de miles de vendedores y ambulantes que en ese mercado tienen asegurado un modo de vida y subsistencia. La postura gubernamental de favorecer un interés con demérito y detrimento de otro, respaldada hasta con el uso de la fuerza y violencia organizada inmanente al aparato estatal, demuestra fehacientemente que el ejercicio de gobierno no es parejo para todos. Gobernar así, está significando poner el poder estatal al servicio de los intereses particulares y utilizarlo como garrote para agredir intereses populares.
Dentro de este marco social referencial que proporciona el conflicto desatado por el acoso gubernamental a la 28 de Octubre ¿cuáles son los efectos jurídicos y prácticos que derivan de la sentencia del juez de distrito que estimó violatorio de derechos humanos el auto de formal prisión dictado por el juez penal de Cholula contra Simitrio y su hijo? Por ahora, sólo la declaración misma, en tanto evidencia y pone en entredicho el modo de actuar de la autoridad que administra justicia. Ningún otro. Ello nos conduce a considerar que la diferencia entre respeto y protección a los derechos humanos radica en la ética para gobernar. Esa gobernanza que reitera que su acción se basa en “la aplicación de la ley” no podría explicar, de frente a los poblanos, por qué razón los dos procesos penales contra Simitrio y sus hijos por los presuntos delitos de narcomenudeo se abrieron a partir de sostener, en las averiguaciones previas, que “se recibieron llamadas anónimas” en el ministerio público; por qué las denuncias formales terminaron por hacerlas un jefe de grupo y un policía ministerial; ni por qué la presunta agraviada, en ambas, resultó ser “la sociedad”.
Esta “procuración de justicia” ha exigido que los funcionarios públicos asignados al caso “28 de Octubre” sean los posmodernos alquimistas jurídicos del siglo XXI, burlando el principio de buena fe que debe regir a la institución del ministerio público y la ética que presupone el ejercicio de la institucionalidad. Convirtieron esas supuestas llamadas anónimas en sustento de, también, supuestos delitos de narcomenudeo, explotados mediáticamente para generar animadversión social a la UPVA, a las personas que se apelliden Sarabia y a la actividad comercial que se efectúa todos los días en el Mercado Hidalgo.
Es interesante observar cómo, mediante el uso arbitrario del discurso jurídico, el juez penal encubre estas acciones haciendo perder ese hecho, oscuro, origen de todo el procedimiento penal. Transcribo literal: “En primer término encontramos que cubriendo el requisito de procedibilidad a que alude el artículo 16 Constitucional, se obtuvo a través de la comparecencia de JOSE ALEJANDRO FLORES MARQUES Y RIGOBERTO SUAREZ ROJAS, en su carácter de Jefe de Grupo y Policía Ministerial, respectivamente, que rindieran ante el Agente del Ministerio Público investigador, con fecha 14 catorce de diciembre del año 2014 dos mil catorce, las cuales se dan por reproducido en este apartado como si a la letra se insertase; Las narrativas, satisfacen desde una perspectiva procesal o adjetiva la exigencia constitucional establecida en el numeral 16 relativa a la formulación de denuncia, pues quienes transfiere la noticia del hecho al Ministerio Público presenciaron el desarrollo de los mismos dada la calidad de servidores públicos que tenían como Policías, quienes tuvieron conocimiento inmediato de la ejecución de una conducta que por su naturaleza pudieran encuadrar en eventos criminales como aquel que se analiza de ahí que comunicara el suceso a la Autoridad Ministerial bajo el imperativo legal contenido en los numerales 59 y 60 del Código de Procedimientos en la Materia.” (Proceso penal 530/14, Cholula).
Como se ve, la protección de los derechos humanos de estos presos del régimen está oscilando entre un hilarante manejo ministerial de las “llamadas anónimas” –son tan anónimas, pero tan anónimas que ¡¡ni la misma autoridad ministerial sabe de dónde vinieron!!–, el encubrimiento judicial de tan bochornosa actividad y una justicia federal que, declarando la existencia de violación de derechos humanos extiende, por omisión de advertir el hecho, un aval para tales prácticas.