La tarde este martes se confirmó la muerte del luchador social y viejo líder de la izquierda en Puebla, Delfino Flores Melga, quien a sus 90 años de edad se encontraba recluido en el penal de San Miguel, a pesar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas que “por humanidad” el dirigente siguiera su proceso penal en casa.
Con severos problemas de salud por su senectud, don Delfino fue detenido en un operativo violento e irregular en 2013, donde salió lesionado por los agentes ministeriales, como denunciaron sus familiares.
La detención se dio sin pruebas ni una orden judicial de por medio, y al nonagenario se le acusó de despojo junto a su esposa Porfiria Flores Tlamitzi, también señalada por el mismo delito.
Durante 30 años, Flores Melga fue militante activo del Partido Comunista Mexicano (PCM), del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado.
La última lucha que libró fue la defensa de unos terrenos federales ubicados en lo que hoy se conoce como la colonia Ampliación Xilotzoni, entre Puebla y Cuautlancingo, y que de acuerdo con su defensor legal, Alberto Santiago Hernández, estos predios son propiedad del alcalde Antonio Gali Fayad a través de sus prestanombres Julio Alejandro Flores Pastrana y Juan Luis Carpentier.
Estos personajes –dijo en su momento el declarante– nunca demostraron con documentos legales ser los propietarios del predio en mención.
Marco Mazatle Rojas, dirigente del Movimiento Alternativa Social (MAS), que arropó la defensa de Delfino, calificó su deceso como una muerte que se suma a la lista que se le imputa al gobierno morenovallista.
“La muerte de Delfino es culpa del autoritarismo y represión de Moreno Valle, quien lo mantuvo en reclusión a pesar que sabía que violaba sus derechos humanos”, recriminó en entrevista con La Jornada de Oriente.
En su memoria anunció que hoy jueves marcharan con los restos de Flores Melga en hombros, por las principales calles de la capital, para exigir justicia y cárcel a los responsables de su muerte.
Adelantó que el recorrido partirá del emblemático reloj del Gallito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la calle 5 Oriente 9, y de ahí a Casa Aguayo, donde se realizará un mitin.
Mazatle Rojas argumentó que la detención de don Delfino contravino la ley, pues explicó que cuando se rebasan los 70 años de edad las personas no son encarceladas y pueden ser procesadas en un arraigo domiciliario.
“El autoritarismo y fascismo de este gobierno determinó que fuera encarcelado pese a su avanzada edad, además por un delito que ni siquiera es considerado grave”, reveló el declarante.
Arguyó que Delfino Flores fue detenido acusado por despojo en el año 2007; en esa ocasión estuvo preso sólo una semana, y de acuerdo con la ley nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
El dirigente del MAS lamentó que por no reunir el dinero para la fianza la autoridad estatal le negó el derecho a Delfino Flores Melga de pagar su sentencia en su domicilio, junto a su familia.
Recordó que cuando se enteraron de su encarcelamiento, el Movimiento por la Alternativa Social llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un expediente que también englobó los actos represivos contra la protesta social en Puebla.
En tanto, Ricardo Jiménez Ávila, dirigente del Frente Amplio Social (FAS), expuso que para los luchadores sociales el gobierno derechista de Moreno Valle sí aplica la ley, criminalizando la protesta, que es un derecho plasmado en la Constitución Mexicana.
Pero cuestionó que en contra de la delincuencia no se ve esa justicia. “En Puebla hay 19 detenidos en los últimos días por defender la tierra, el agua y el derecho al trabajo, mientras funcionarios de ‘cuello blanco’ andan gozando de su libertad”.
Las irregularidades
en el proceso
Por más 12 años, Delfino Flores Melga defendió a las 600 familias que estaban asentadas en el predio Ampliación Xilotzoni, quienes padecieron el año pasado un brutal desalojo en el que además de policías estatales ingresó maquinaria pesada para el derribo de 101 viviendas construidas de cartón, láminas y las menos de ladrillo y cemento.
La lucha por el predio, que le costó la vida al luchador social, consta de 25 hectáreas que se encuentran a pie de la carretera estatal Puebla–Tlaxcala, donde se construye un conjunto habitacional y un centro comercial.
Sobre el caso, el abogado Alberto Santiago Hernández denunció que el juez noveno de lo Penal confabuló con Pastrana y Carpentier para emitir una orden de desalojo, que el mismo juez llevó a cabo el domingo 2 de junio a las 2:30 de la madrugada, cuando no es su facultad.
Reveló que el desalojo fue encabezado por el juez que emitió la orden, con la participación de los secretarios de Seguridad Pública de Puebla y Tlaxcala, Facundo Rosas y Orlando Zaragoza, respectivamente.
Documentó que esta acción es ilegal, ya que el predio pertenece a Bienes Nacionales, y no hay manera de que un terreno de la Federación esté en manos de particulares.
Para demostrar que el predio de Ampliación Xilotzoni no tiene propietarios, Santiago Hernández presentó una notificación de la Sedatu, donde la dependencia confirma que esta tierra pertenece a Bienes Nacionales.
En el oficio número 930/2013 se explica que “el predio Ampliación Xilotzoni es propiedad de la nación, como se publicó el 17 de agosto de 1989 en el Diario Oficial de la Federación, con una extensión de 25–89–64 hectáreas en posesión de un grupo integrado por 600 personas con escrituras que derivan de juicios de prescripción”.
El oficio fue dirigido de la Sedatu al dirigente social de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Urbanas y Campesinas de Puebla, Delfino Flores Melga, quien luchó desde el año 2001 por la regularización de la tierra.
El oficio precisa que el terreno se encuentra localizado dentro de la mancha urbana del municipio de Puebla, y que la situación socioeconómica de la mayoría de las familias es precaria, por lo que no tienen capacidad para pagar el costo de enajenación, ya que de conformidad con el artículo 161 de la Ley Agraria, en los predios de vocación urbana el avalúo lo realiza el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.