En su mayoría, las nuevas administraciones municipales han iniciado su gestión con serios problemas derivados de la ausencia de un proceso transparente de entrega–recepción, a pesar de la existencia de la Ley de Entrega–Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios publicada en mayo de 2011. Las autoridades salientes hicieron caso omiso de la misma, generando vacíos de información en términos financieros, materiales, humanos y de procesos en trámite. En general, los nuevos alcaldes han denunciado mediáticamente el estado deplorable en que encontraron la administración municipal, esperemos que en los próximos días se confirmen las denuncias ante las autoridades correspondientes y no se deje pasar la gravísima omisión cometida. Más allá del partido y de los personajes que salen y que entran, está el compromiso con la ciudadanía, que una vez más es testigo de cómo el servicio público sirve para el enriquecimiento, la corrupción y el interés del grupo y deja de lado, como siempre, el interés por la población.
La historia de la entrega–recepción es reciente en México, en tiempos del régimen autoritario y del partido dominante y luego hegemónico el proceso de entrada y salida de los nuevos funcionarios no era parte de la agenda pública, pues ante la ausencia de un sistema de partidos competitivos y ante la imposibilidad real de que un partido distinto al PRI ganara la Presidencia, gubernatura o presidencia municipal, resultaba de poco interés la transmisión de poderes en cuanto al proceso administrativo, jurídico y financiero. Al final del día quedaba en manos de la familia revolucionaria; sin embargo, aún en esas épocas se filtraba información sobre los términos en la recepción de la administración; historias como el saqueo de materiales, la ausencia de información, la opacidad en el manejo de la cuenta pública eran parte de la historia política del propio régimen, el año de Hidalgo, que hacía referencia a aquella frase pública de que chingue a su madre el que deje algo, era parte de la cultura política, una práctica común ante la ausencia de pesos y contrapesos en el Estado mexicano. En ese sentido, la inexistencia de la entrega tenía efectos negativos para los nuevos funcionarios, pues también era costumbre que cada tres o seis años se tenía que reinventar el gobierno y la administración, pues no había planes municipales y mucho menos continuidad en los programas, proyectos y en el personal de carrera administrativa, las arcas estaban vacías y se presentaba un fenómeno por demás interesante, el ayuntamiento entraba en un stand by –suspensión de los servicios hasta nuevo aviso–, este periodo de auto gracia, permitía a las nuevas autoridades tomar el control del ayuntamiento e iniciar con lo poco o nada que tuvieran a la mano, en esa época no había leyes en la materia y si las había el resultado sería el mismo: todos limpios.
De hecho se esperaba que el proceso de transición y alternancia que inició en gran medida en los municipios detonara cambios importantes en la materia. Las primeras alternancias se dieron desde la década de los sesenta del siglo pasado, al menos en Tlaxcala y son precisamente las oposiciones al PRI las que denuncian de forma permanente que los procesos de entrega–recepción eran inexistentes, éstas difunden los saqueos, la falta de controles internos en el manejo de los recursos y las diversas pillerías de los que dejaban el cargo, los partidos de oposición confirman los dichos del año de Hidalgo y promueven desde múltiples trincheras construir un marco normativo que ayude a frenar la discrecionalidad y el dispendio en las administraciones municipales, estatales y en su momento la federal, pero no se logró, es más se olvidaron cuando fueron gobierno.
De hecho, un incentivo que promovía la alternancia era hacer mejores gobiernos municipales y con ello desterrar prácticas como las antes mencionadas, mejorar los servicios en todos los sentidos y acabar con la corrupción a través de promover la transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, ni en los ochenta y noventa del siglo pasado, ni en la primera década del siglo actual se logró avanzar significativamente en los procesos de entrega–recepción en la entidad, la denuncia permaneció, pero no fue acompañada de un marco jurídico que obligara a unos y a otros a cumplir con una entrega racional, en ese sentido la responsabilidad es compartida entre legisladores, presidentes municipales y ejecutivos en turno, pues ni las oposiciones, ni los gobiernos hicieron lo que les correspondía para corregir un daño histórico al patrimonio de la entidad. Al respecto, este vacío legal no puede verse como una simple omisión o descuido por parte de los gobernantes, debe leerse a la luz de los sistemas de complicidad y reciprocidad de una clase política que tenía muy poco interés en mostrar cuentas, información, compras y todo aquello que es parte de la administración de los recursos públicos.
En ese sentido, lo que ahora están viviendo las nuevas autoridades municipales es resultado de una clase política que se sigue resistiendo a transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía, que sigue reproduciendo la cultura política autoritaria, discrecional y de dispendio, una clase que independientemente del partido político que lo postule mantiene una cultura contraria a los valores democráticos. Los que se fueron son responsables, pero veremos si los nuevos tienen la convicción de denunciar legalmente los atropellos, ahí veremos qué esperaremos de ellos en los próximo tres años. La ley está, la voluntad política está en duda… en tres años los que ahora denuncian será denunciados, si no hay castigos formales en 2014. Ver para creer.