La Unificación de Sexo Servidoras de Puebla solicitó al gobierno de la ciudad la creación de una zona de tolerancia para ejercer su oficio bajo regulación y así evitar actos de represión, extorsiones, la trata de personas y que su actividad “se desborde” en el primer cuadro de la ciudad.
Las mujeres que forman parte de la agrupación indicaron que el operativo que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el fin de semana, en el que rescató a 74 presuntas víctimas de trata, es una muestra de las reprimendas de las que son objeto por ejercer la prostitución.
Al emitir un pronunciamiento en el zócalo de Puebla, las trabajadoras sexuales indicaron que la falta de respuesta del gobierno municipal para generar un área especial, propició que en un año se incrementara al doble el número de mujeres que se dedican a dicha actividad en el primer cuadro de la ciudad, al pasar de 400 a aproximadamente 850.
Una de ellas, que pidió ser identificada como “Mónica”, explicó que cada vez que elementos de la FGE o de la Dirección de Normatividad municipal, realizan operativos para evitar el ejercicio de la prostitución, agreden física y verbalmente a las mujeres, además de que les piden favores sexuales e incluso dinero para no aprehenderlas.
Narró que los funcionarios públicos llegan a los sitios de trabajo de las féminas, encubiertos como clientes, situación que les permite tener relaciones sexuales con ellas pero una vez que estas exigen un pago, se niegan a ello e intentan detenerlas para presentarlas ante juzgados calificadores o agentes del Ministerio Público.
“Se hacen pasar por servicios especiales, nos dan el levantón, nos manosean, nos dicen: es que son putas y para eso están, ¿no?”, detalló la mujer, quien dijo que ha ejercido la prostitución por 15 años.
Consideró que si existiera una zona especial, que fuera regulada por las autoridades, no estarían expuestas a abusos por parte de funcionarios públicos y ello también impediría que sean víctimas de líderes de organizaciones que reclutan a mujeres para explotarlas sexualmente.
Ejemplificó el caso de una persona de nombre Martín Juárez que, dijo, por dos años se ha dedicado a cobrarles una cuota por permanecer en las calles, sin que ninguna autoridad lo impida.
La zona en la que Juárez opera se localiza en la calle 14 Poniente y sus alrededores, situación que es conocida por las autoridades municipales pero no hacen nada al respecto, pues dijo que solo les dicen que “le echen ganas”. “Está bien apadrinado por parte del gobierno”, acotó.
Mónica pidió la intervención del gobierno del estado ante la desatención del gobierno capitalino a su petición.