Tras contabilizar más de 120 quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades en la atención de la epidemia de coronavirus (Covid-19) a nivel estatal, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) realizó 20 propuestas dirigidas a diversas autoridades estatales y municipales para que se ajusten a las disposiciones en la materia, con el fin de evitar nuevas transgresiones.
El mayor número que quejas pesan sobre los institutos de seguridad social IMSS e ISSSTEP, las secretarías de Salud y Seguridad del gobierno de Puebla, diversos centros de reinserción social, así como múltiples ayuntamientos.
De acuerdo con los datos recapitulados por la CDH en el “Informe Especial sobre la situación de la Pandemia por la Covid-19 en el Estado de Puebla con un enfoque de Derechos Humanos”, las autoridades involucradas son acusadas de vulnerar los derechos de protección a la salud, trato digno, derecho al trabajo, seguridad jurídica, conservación de un medio ambiente sano e igualdad.
En ese contexto, la CDH solicitó a la Secretaría de Salud del estado y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) proporcionar el equipo de protección de grado médico a todo el personal que se encuentre en contacto directo con pacientes sospechosos y confirmados.
También pidió que se instruya a quien corresponda para que los certificados médicos de defunción por Covid-19 sean llenados conforme a lo establecido en los protocolos y estándares internacionales para la codificación de esa enfermedad, a fin de facilitar el acceso a información clara y precisa respecto al número de personas fallecidas por esa causa.
Asimismo, sugirió a la Secretaría de Salud y al ISSSTEP campañas de salud mental para la atención de estos padecimientos de manera colectiva.
Debido a que la Fiscalía General del Estado de Puebla figura entre las autoridades que enfrentan quejas, el organismo defensor de los derechos humanos requirió a esa institución mantener el resguardo de cuerpos de personas fallecidas por Covid-19 en los casos en los que se desconoce su identidad o no son reclamados, así como llevar un registro de estos según los protocolos de identificación y tratamiento de cadáveres.
Además, recomendó a la FGE ampliar espacios en panteones o buscar sitios nuevos para la inhumación masiva de cadáveres de casos sospechosos o confirmados de Covid-19, cumpliendo las disposiciones sanitarias y ambientales, siempre con el debido acompañamiento y apoyo a los deudos.
A la par, la comisión propuso al Registro del Estado Civil de las Personas un mecanismo de coordinación para recabar datos que permitan identificar las causas de los fallecimientos registrados, con el fin de crear un registro de defunciones por Covid-19 más certero.
En cuanto a los presidentes municipales del estado, la CDH les solicitó coordinarse con el gobierno estatal para participar en las campañas de difusión que sirvan para dar a conocer los avances, riesgos y medidas conocidas sobre la Covid-19, haciendo especial énfasis en las comunidades indígenas y grupos en condición de vulnerabilidad.
Al gobierno estatal le pidió redoblar esfuerzos en la difusión del uso del cubrebocas y medidas de sanidad; la realización masiva de pruebas para detección del virus; la implementación de estrategias de seguimiento y monitoreo a casos confirmados de contagios para evitar en lo posible la propagación; así como gestiones para que la vacuna sea aplicada a toda la población.
En lo que concierne al Congreso local, la CDH sugirió trabajar en la aprobación de una legislación que permita a las autoridades mejorar su respuesta en caso de eventuales epidemias, así como ante el repunte o rebrote de la actual, “evitando en todo momento repetir los fallos ya aprendidos como la reapertura desmesurada sin contar con un mapeo eficiente de los contagios”.