De acuerdo con el “Estudio sobre delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos”, Puebla registró el mayor número de agresiones política, con un total de 125 quejas, durante el periodo electoral 2017-2018.
Con estas cifras, el estado de Puebla lidera la concentración del 51 por ciento del total de las agresiones a políticos perpetradas en México, por arriba de entidades con historial conflictivo como Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Veracruz.
Además, la entidad es una de las que menor acceso a la información electoral procuró a ciudadanos a través de los organismos del Instituto Electoral del Estado (IEE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El estudio elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), con datos de la consultora Etellekt, contabilizó 754 ataques a precandidatos, candidatos y actores partidistas a nivel nacional, el estado concentró el 16 por ciento.
La mayoría de las agresiones perpetradas en Puebla se efectuaron durante la jornada electoral del 1 de julio, con 122 denuncias, es decir el 98 por ciento total de las quejas.
Dos de las agresiones fueron por homicidios dolosos contra priistas, así como saqueos, robos, quema de urnas y retención de al menos 70 urnas.
El documento refirió que la Policía Federal trasladó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a 62 personas, entre ellos Israel Mancilla Amaro, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado.
El “Estudio sobre delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos” también informó que en la entidad poblana ocurrieron 23 de los 185 casos de violencia política contra las mujeres.
Esto significa el 12 por ciento, lo que coloca al estado en el segundo puesto nacional.
En otro tema, la consultoría Etellekt precisó que el IEE y la Fiscalía de Puebla no respondieron a ninguno de los requerimientos y búsquedas que le hizo sobre presupuesto, ingresos y egresos en el proceso electoral.
En cuanto a la transparencia, detalló omitieron responder a preguntas sobre liderazgo estratégico, estructura organizacional, recursos humanos, administración financiera, infraestructura, gestión de programas y servicios, gestión de procesos y vínculos entre organizaciones.
Mientras el Tribunal respondió de” manera parcial” que no hacían referencia a lo preguntado.
Al final, el estudio evidenció que “no hay una clara distribución del número de funcionarios públicos, del presupuesto, ni del ejercicio del gasto, así como de ningún programa interno o externo que evalué los logros obtenidos”.
Etellekt concluyó que entre los nueve estados donde se celebraron elecciones para renovar gubernaturas, Puebla es “uno de las entidades donde el acceso a la información entre el ciudadano y la dependencia tuvo como resultado la menor cantidad de respuestas”.