Ante la condena mediática que recibió el Congreso local por bloquear una solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado, los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) autorizaron enviar la petición a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH); sin embargo, el documento no se remitió como exhorto del Poder Legislativo, sino a través de una correspondencia institucional que no compromete en nada al Congreso.
La solicitud para la declaratoria la presentó la diputada Geraldine González Cervantes, del PVEM, como punto de acuerdo el 2 de septiembre pasado, el cual se mantuvo en asuntos pendientes de análisis durante cerca de una semana, pese a que pidió la dispensa del trámite por urgente y obvia resolución.
Las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género determinaron el martes remitir el documento íntegro a la CDH, situación que se informó ayer a la Comisión Permanente.
Los diputados que forman parte de las comisiones unidas no siguieron el trámite formal, el cual les obligaba a dictaminar el punto de acuerdo para definir si éste era procedente o no, de serlo estaban obligados a turnarlo a la Comisión Permanente para que fuera sometido a votación.
Al incumplir el procedimiento legal lograron que el Congreso no se pronunciara sobre el tema, aunque tiene facultades para hacerlo y emitir un llamado en consecuencia.
Geraldine González presentó el punto de acuerdo para que el Poder Legislativo exhortara a la CDH a iniciar el procedimiento jurídico ante la Secretaría de Gobernación federal, para que esa dependencia emita una declaratoria de violencia de género contra la mujer en Puebla.
Según el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. (Odesyr), Puebla es una de las 10 entidades federativas del país con mayor número de feminicidios, ya que tiene 140 casos contabilizados desde 2013.
Ayer las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género presentaron una reforma al Código Penal para agravar las penas del feminicidio de cometerse en contra de una mujer embarazada, acción que la Odesyr consideró de insuficiente por los problemas de aplicación de justicia que existe en el estado.