La presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Vianey García Romero, denunció que los diputados del PAN, coludidos con grupos de derecha, desplegaron una campaña negra en redes sociales contra la nueva Ley de Educación del Estado, aprobada el viernes pasado por el Congreso de Puebla para armonizarla a la reforma constitucional vigente a nivel federal desde 2019.
Aseguró que la inconformidad de ese sector se centra en que el ordenamiento obliga a las escuelas particulares a cumplir con nuevos estándares de calidad, tanto en su infraestructura, como en la educación que brindan.
La legisladora integrante del grupo parlamentario de Morena mostró en twitter capturas de pantalla de los mensajes que se difundieron en redes sociales desde “cuentas de derecha” y números de celular desconocidos, donde los inconformes acusaron, sin fundamento, que las nuevas disposiciones permitirán al gobierno “apoderarse” de las escuelas privadas y de las universidades.
Uno de los mensajes se compartió en un grupo de whatsapp el viernes y éste azuzaba a los ciudadanos a manifestarse en contra del ordenamiento, durante la transmisión en redes sociales de la sesión del Congreso de ese día, en la que los diputados debatieron y aprobaron la ley.
“Entren a este enlace para exigir que el gobierno no se apodere de las escuelas privadas y universidades porque lo que quieren es poder enseñarles cosas de la homosexualidad, ideología de género y más atrocidades a nuestros niños y jóvenes, entren y opinen por favor”, pidió el creador del grupo.
Vianey García aseguró que la campaña negra intenta generar un ambiente de “confusión social”, por lo que exigió a Acción Nacional terminar con esa estrategia.
Los argumentos del PAN y el PRI
Desde la discusión de la ley en la Comisión de Educación el jueves pasado, los diputados el PAN y el PRI sugirieron cambios en algunos artículos para dar certeza a los dueños de las escuelas privadas sobre la propiedad de sus planteles.
Entre los cambios sugeridos que no avanzaron se encontró una modificación propuesta al artículo 105, el cual establece que “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares (…), así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.
El PRI sugirió incorporar al párrafo “sin que esto dañe o cause un menoscabo en la propiedad privada de los particulares”, al argüir que era necesario darle certeza jurídica a estos últimos.
Olga Lucía Romero Garci Crespo, diputada de Morena que forma parte de la Comisión de Educación, aseguró que no tiene fundamento el temor de los dueños de las escuelas particulares a perder sus planteles, ya que seguirán siendo propiedad privada pero estarán obligados a cumplir los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, sustentabilidad e higiene.
Explicó que las disposiciones de la Ley Estatal se adecuan al artículo 99 de la Ley General de Educación que define las características que deben cumplir los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación, el cual “no se debe interpretar como transmisivo de la propiedad, sino como condición para gozar la autorización y reconocimiento de validez de estudios, para que los particulares también garanticen estas condiciones”.
Además, indicó que el párrafo tres del artículo 105 que se pretendió modificar determina claramente que la facultad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal sobre los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares se limita a realizar diagnósticos y definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento.