La pérdida de vidas humanas y la devastación material que dejó a su paso en Acapulco y comunidades aledañas el huracán Otis de categoría 5, muestra lo vulnerables que es la humanidad frente al cambio climático.
Fenómenos como el ocurrido en las costas del Pacífico mexicano, de los que no se tiene precedente en el país, no es sólo un fenómeno natural, sino que debe entenderse como un fenómeno socio–cultural resultado de alteraciones del clima, es decir, no sólo impacta y daña a la naturaleza, sino también ocasiona severos daños a las relaciones sociales, que se alteran sensiblemente. Al respecto, advierte Elena Álvarez–Buylla, directora del renovado Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), “fenómenos como el huracám Otis no sólo es inédito, sino que demuestra que todavía no se entiende a cabalidad que estos fenómenos naturales tan complejos emergen como resultado de las alteraciones del clima” (La Jornada, 27/10/23: 19).
Por esa, y otras razones de la misma importancia, la mayor y mejor defensa de la sociedad es evitar la mercantilización de la naturaleza de la que forma parte inseparable. Se debe considerar a la naturaleza como un bien común, que no puede ni debe ser apropiado por el capital privado, que sólo ve en ella un espacio para la inversión en actividades lucrativas sin importarle si éstas pueden ocasionar daños a la naturaleza que nos afectan a todos.
La naturaleza no es “capital natural”, categoría inventada el Banco Mundial que incluye todos los recursos esenciales a la sobrevivencia humana: agua, minerales, petróleo, árboles, peces, suelo, aire y todos los sistemas vivientes, que incluyen las praderas, los humedales y manglares, los estuarios, los océanos, los arrecifes de coral, los desiertos y los bosques. Es decir, el “capital natural” comprende todo lo existente en la tierra, por tanto, concluye el Banco Mundial, todo es comercializable.
Tamaña pretensión tiene diversas implicaciones pues convertida la naturaleza en “capital” toda ella puede ser apropiada en forma privada para convertirse en fuente de lucro individual, cuyo significado es la generalización de actividades depredadoras mediante las cuales se sostienen las elevadas ganancias sin límites del capital y un consumo concentrado y suntuario, sin importar la destrucción que se pueda ocasionar a la naturaleza y a la sociedad.
Así, para satisfacer los intereses del capital se desarrollan “proyectos de muerte” como la minería a cielo abierto, que destroza amplias áreas naturales o el fracking que utiliza cantidades excesivas de agua y contamina los mantos freáticos, entre otros daños todos mayores, así como buena parte de las actividades extractivas que usan materiales dañinos a la salud de los seres vivos y a la biodiversidad. De la misma manera, la naturaleza privatizada ya no puede disfrutarse como bien común, sino que ahora es apropiada por unos cuántos que la utilizan para enriquecerse a cambio de su destrucción.
Hoy, es necesario renovar la defensa de la naturaleza, que es la defensa de la humanidad, y recuperar la propuesta de incorporar los derechos de la naturaleza a la Constitución Política del país. Esos derechos, basados en la propiedad común y el control social de su uso, impedirán que las actividades económicas alteren el ciclo natural de reposición de los recursos extraídos de ella.
No es broma, lo que ocurrió en Acapulco, avisa que el deterioro de la naturaleza, expresada como cambio climático, está poniendo en riesgo el futuro no sólo del capitalismo, sino de la sociedad entera.