El informe de gobierno de Enrique Peña Nieto permite centrar bien la discusión sobre el proyecto de país que desde las instituciones gubernamentales se pretende consolidar. No es un proyecto nuevo; más bien profundiza aspectos del proceso de modernización que se viene gestando con el neoliberalismo y que implica una mayor integración a la economía estadounidense bajo su hegemonía. Mantiene, desde mi punto de vista discursos que contrastan con la realidad, como el del crecimiento económico para solucionar todos los problemas que aquejan a la economía mexicana, negando con ello los procesos alternativos que se gestan desde múltiples ámbitos con el fin de sortear los procesos recesivos.
Es un proyecto construido desde las élites políticas y económicas que deja fuera a los sujetos y actores sociales, esos que hoy están disputando en las calles el sentido de las reformas que según se dice generarán el crecimiento económico.
Por ejemplo, en el informe, en el eje del México Próspero, se afirma que uno de los componentes fundamentales para elevar el crecimiento económico es el desarrollo de infraestructura. “El gobierno de la República se ha propuesto convertir a México en un centro logístico de alto valor agregado. Esto significa que, con infraestructura, inversiones en tecnología e innovación, y con mayores encadenamientos productivos, nuestra ubicación geográfica se convertirá en una auténtica generadora de riqueza para todos los mexicanos”. El problema aquí es preguntarse cuánto de ese valor agregado que circulará en los centros logísticos se quedará en el país, porque en los procesos de encadenamientos y ensambles de una producción flexible trasnacional, la apropiación del valor generado es fundamental, y esto depende en gran medida de quien controla el proceso.
Parte de ese discurso también se asoció años atrás al proyecto maquilador, y resulta pertinente preguntarse y ver cuál fue el resultado en el mediano plazo en materia de crecimiento y a quien benefició.
Otro aspecto central en materia de infraestructura son los impactos ambientales que se generan y las afectaciones directas a diversos pueblos y comunidades.
Se dice que a través del Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 20132018, las inversiones públicas y privadas de los próximos seis años, se estima, alcanzarán 1.28 billones de pesos. El programa busca desarrollar la conectividad logística, promover un desarrollo regional equilibrado y mejorar la calidad de vida de la población, bajo cinco líneas de acción: infraestructura carretera, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones.
México demanda mejores autopistas, carreteras, caminos y libramientos que ahorren tiempos de traslado y signifiquen menores costos para mover a las personas y a los bienes de manera eficiente y segura. Es por ello que en 2013 se invierten en su construcción y modernización recursos públicos y privados por más de 88 mil 500 millones de pesos.
Lo anterior implica afectaciones directas que son generalmente minimizadas.
Los proyectos generalmente son desconocidos por las poblaciones afectadas y cuando a partir de la presión social se dan a conocer, siempre se habla de un beneficio social por encima del de ellos, por lo cual deben de sacrificarse ante la imposición. Esta forma de operar que en otros espacios la he caracterizado como un patrón de despojo, que además significan jugosos negocios para empresas como OHL, implica en la práctica el desprecio a las poblaciones que, según se dice, se pretende beneficiar.