El gobierno estatal solicitará al de la República la construcción de un nuevo penal para albergar a los 700 reos federales que purgan condenas en Puebla, anunció el mandatario estatal.
“Estamos en una lucha frontal contra la delincuencia y estamos deteniendo todos los días (a delincuentes). ¿A dónde van? A los reclusorios”, expresó el mandatario en la entidad, Luis Miguel Barbosa Huerta.
En una rueda de medios, cuestionó a los reporteros: “¿Saben ustedes cuánto cuesta un PPL, así se llama, personas privadas de su libertad, a nivel federal?, mil 800 pesos diarios. ¿Y en Puebla?…no lo sé ni quiero saber, es carísimo y todo lo pagamos nosotros”.
Añadió: “Aquí en puebla hay más de 700 presos federales y los paga el estado, yo voy a pedirle a la Federación que construya un reclusorio federal de mil personas para que se lleven a sus PPL federales, que los bajen, yo empiezo en enero para dividir (la cárcel de) San Miguelito”.
Cuando le preguntaron cuál sería el aforo del nuevo penal, Barbosa Huerta dijo: “Haya o no haya dinero público, se los digo, si no hay dinero público, voy a empezar en Puebla un reclusorio de 2 mil 400 personas para dividir San Miguel, porque San Miguel esta fuera de control con más de cuatro mil personas”.
Lo anterior lo declaró Barbosa al dar a conocer Puebla se convirtió en el primer estado del país en conseguir la certificación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) de la Secretaría de Economía federal, por implementar un sistema tecnológico que redujo de siete a tres meses la resolución de juicios orales mercantiles por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La disminución de los plazos ofrece certeza jurídica al sector empresarial y representa una ventaja competitiva para atraer inversión nacional y extranjera, pues la certificación coloca a Puebla como uno de los estados donde los juicios mercantiles se resuelven con mayor rapidez, facilitando el desahogo de los procesos sin necesidad de que las partes involucradas acudan constantemente a los juzgados.
En conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró que se genere certidumbre en el Estado de Derecho, con el objetivo de que los inversionistas tengan de conocimiento que los conflictos podrán resolverse en el menor tiempo posible, siendo el de Puebla el periodo más breve entre las entidades del país.
Añadió que, para continuar con la mejora al Poder Judicial del estado, para 2020 se plantea la entrega de 150 millones de pesos adicionales.
En tanto, el presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, destacó que la certificación genera certeza en torno a controversias judiciales en materia mercantil, dando soluciones a la gente y combatiendo a la corrupción.
Refrendó que esta medida es un parteaguas en la impartición de justicia que se buscará replicar a otras áreas.