Anteayer por la noche fue asesinado el antropólogo Samuel Malpica Uribe, y menos de tres horas después la Secretaría General de Gobierno de Puebla ya había emitido un boletín indicando tres líneas de investigación para identificar posible culpables, dos de las cuales están vinculadas al proceso electoral e implican a integrantes del grupo y las acciones de Enrique Agüera. La celeridad y la eficiencia expresadas para determinar líneas de investigación en el boletín, resultan de llamar la atención en el caso de las autoridades policíacas poblanas, ya que la mayoría de los casos semejantes los resultados son nulos. La pareja sentimental de Malpica aparece como la principal testigo y declarante, pero en los reportes de esa noche se deja establecido que la señora se desvaneció cuando llegaron los paramédicos y policías al sitio del atentado.
Es muy ilustrativa la intención del gobierno poblano al asentar la afirmación de que para ayer 3 de julio “el ex rector se proponía emprender una huelga de hambre relacionada con su demanda pública, formulada en relación con irregularidades administrativas cometidas por administraciones (sic) anteriores, en contra de la máxima casa de estudios”, lo que vincula en el argumento el asesinato del ex rector con esta supuesta pretensión de actuar públicamente.
Y el boletín agrega que, “… como fue ampliamente documentado en las declaraciones formuladas ante medios de comunicación por el propio ex rector y como consta en una denuncia formal presentada ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se suman otras líneas de investigación, como las amenazas formuladas en su contra por su ex pareja y también por la ex abogada de la universidad; así como las realizadas por un asesor de la propia institución académica”. Habla también de antecedentes de agresión hacia Malpica Uribe con arma blanca, hace seis meses, de la cual el supuestamente lesionado formuló “diversas imputaciones”. Hasta donde se sabe, el recurso fue interpuesto por el universitario en el órgano de fiscalización estatal, no en el federal.
No se sabe qué amenazas profirió el “asesor de la propia institución académica”, ni quien es el aludido, pero se deja establecido en el boletín la intervención presuntamente ilícita de gente de la rectoría de la UAP, aunque en este enunciado no se agrega “de administraciones anteriores”; no se sabe tampoco a cuál de las ex parejas de Malpica se refiere. En cambio, se sabe quién es la abogada general de esas mismas “administraciones pasadas” , y que se llama María Esther Gámez, quien forma parte de la planilla de regidores del a coalición Cinco de Mayo, encabezada por Enrique Agüera.
No nos queda la menor duda de que la dependencia de gobierno ha usado de manera dolosa un lamentable hecho que inquieta y afecta a los universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y a muchos ciudadanos, para conducir deliberadamente las especulaciones sobre la culpabilidad del homicidio en contra del grupo de Enrique Agüera, a unos cuantos días de los comicios. Esto debería constituir un delito electoral, en nuestra opinión. Pero constituye, en sí, un acto de irresponsabilidad de las autoridades estatales, quienes sugieren casi una sentencia que conduce a denostar a un grupo político en contienda. Si así empezaron las acciones gubernamentales, qué podemos esperar de lo que sigue.
No se trata de poner en duda la honorabilidad de Samuel Malpica Uribe ni de su actual pareja. Fue un hombre público y los universitarios con más años en la institución han conocido su vida y seguramente tienen una interpretación de los hechos. No nos constituiremos nosotros en jueces del caso, pero tampoco en cajas de resonancia de las consejas que interesan a unos y otros participantes en el proceso eleccionario actual. Sin embargo, reiteramos; a nuestro juicio, la conducta del gobierno es inaceptable.