Este jueves el ayuntamiento de Puebla aprobó las reformas que permitirán sancionar la explotación infantil en las calles de Puebla, con arresto hasta por 36 horas sin derecho a fianza, o incluso la probabilidad de enfrentar sanciones legales mayores, incluso a nivel federal.
La medida fue impulsada por la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del cabildo, Sandra Montalvo Domínguez, quien subrayó que las medidas están encaminadas a prevenir que los adultos, padres o tutores, abusen de los menores de edad obligándolos a trabajar o pedir dinero en la vía pública.
Indicó que un primer paso fue la definición de la figura legal de “mendicidad”, la cual se estableció en el Código Reglamentario Municipal como “la acción de solicitar dinero o el favor de otras personas en lugares públicos para sustentar su forma de vida parcial o temporalmente sin fin de explotación”.
Es decir que ahora el que un infante pida limosna o trabaje contra su voluntad será considerado un delito.
También se consideró la figura del “supuesto acompañante”, pues en los diferentes casos en los que el DIF detectó explotación infantil, el adulto que lo ejercía evadió su responsabilidad al asegurar que el menor nunca pedía el dinero, sino el padre o tutor, y que el menor sólo lo acompañaba, evitando que se aplicara la ley.
Así, en este escenario, el sistema DIF municipal tendrá en los próximos meses la facultad legal de enviar a prisión hasta por 36 horas a un padre o tutor que se detecte en las calles y que se sospeche realiza actos ilegales contra menores de edad.
Montalvo Domínguez relató que fuero casi tres años de trabajo para concretar la aplicación de estas reformas.
“Actualmente es muy fácil para los adultos que acompañan a niños que piden limosna en las calles de la ciudad, evadir fácilmente la ley, al respaldarse que la persona que lo acompaña es su hijo y que en ningún momento piden limosna, por lo que deja a la autoridad indefensa para poder proteger al menor de edad de esta explotación”, expuso la regidora priista.
Con esta reforma al artículo 209 del Coremun, se logra combatir esta evasión del delito y hacer responsables a los que se detecte que están realizando actos de mendicidad, sin importar que sean sus familiares o no, explicó
La regidora agregó que durante las 36 horas de arresto del adulto o del “supuesto acompañante”, el menor quedará bajo DIF Municipal y se pueden iniciar los procedimientos a efecto de saber si padece abusos, desnutrición, si realmente es hijo de quienes fueron arrestados, a quienes que exhiban sus actas de nacimiento en caso necesario y si se determina que hay explotación o trata, inmediatamente habrá una remisión del adulto al Ministerio Público local o federal.
Se trata de una medida drástica, reconoció la regidora, pero el objetivo principal es el reducir la presencia de niños en situación de calle, así como el advertir a los explotadores que ahora existirán sanciones más severas para este delito, ya que hasta ahora sólo se paga una multa en el Juzgado Calificador y los menores regresaban a las calles a seguir pidiendo limosna.