La ecología urbana, tema actualmente candente, está siendo abordada de ángulos tan dispares como lo sería la ecología denominada como fascista, la cual aboga por una dictadura ecológica fuerte y centralizada con un control férreo de la población y el castigo brutal de los que abusen del medio ambiente. Este tipo de planteamiento, el ecofascista, también ha sido identificado con los reclamos de regulación de la reproducción humana y la reducción de la población mundial por medio de planes de ingeniería social. El extremo opuesto en las tesis ecológicas lo ocupa el ecomarxismo. Aunque no se puede identificar a un autor único que sintetice sus posiciones, todos coinciden en señalar que el capitalismo ocasiona el drama de la sobreexplotación y la miseria, la pobreza y la desigualdad sobre los pueblos, lo que a su vez se traduce en la dimensión ecológica donde se presenta un panorama de daño ecológico de carácter hecatombico. En esta ocasión la predicción marxista no es la revolución proletaria mundial sino el fin de la civilización humana, una catástrofe mundial que acabará con la civilización como consecuencia de la sobre carga ecológica. De acuerdo a los ecomarxistas sólo por medio de la eliminación del capitalismo podrá resolverse la crisis del medio ambiente.
Las ciudades contemporáneas poseen características únicas y difieren marcadamente del patrón de crecimiento urbano histórico. Las ciudades históricas se han ido expandiendo muy rápidamente desde hace 50 años y en algunas de ellas puede observarse un crecimiento acelerado en los 10-20 años[1]. Lo característico de este crecimiento expansivo es que además de ser muy complejo no es linear. Consecuentemente, presentan diversos patrones de crecimiento y densidad poblacional, por lo que áreas densamente pobladas pueden estar intercaladas con áreas de muy baja densidad o zonas rurales y áreas verdes-naturales[2]. El estudio de la ecología de zonas urbana contemporáneas obliga a refinar el análisis tradicional del balance hídrico regional, el papel de las áreas verdes, la coexistencia de especies de la topografía urbana y el flujo de recursos, entre otros. El sistema funcional urbano se cruza con su ecología, por lo que los mecanismos de desechos, procesamientos de aguas y lodo residual, el tratamiento del desecho sólido, el desarrollo de áreas de esparcimiento y la creación de pulmones urbanos constituyen temas críticos en el análisis ecológico urbano contemporáneo.
Sin abordar las bondades o las maldades de los postulados extremos en el análisis de esta realidad social, podemos citar a la investigadora Susana E. Rappo-Miguez, la cual señala que existen dos elementos en el problema ecológico que tienen que ser reconocidos: la sobre producción de artículos de consumo, el cual absorbe una inmensa cantidad de recursos no renovables y a su vez genera una inmensa masa de desechos no recuperable ni utilizables. Unido a esta situación identificada como una característica intrínseca del capitalismo moderno se encuentra la sobrepoblación, lo que se refleja en las megaciudades.
Cristina E. Ramalho y Richard J. Hobbs[3] señalan que, mientras las ciudades se expanden, las áreas protegidas que se encuentran fuera de la ciudad son incorporadas al paisaje urbano, Además, otras áreas naturales previamente administradas, con valor de conservación, son reducidas a pequeños remanentes dispersos. De acuerdo a estos autores, la preservación y conservación de estos remanentes de ecosistemas urbanos es de extrema importancia debido a que: Primero, en áreas donde existe una diferenciación de especies (beta-diversidad[4]) alta el remanente constituye el único habita disponible para muchas especies; segundo, ellos provén servicios al ecosistema, (infiltración de agua, mejoras a microclimas, secuestro de aire contaminado, recreación y estética), lo cual mejora el medioambiente urbano y promueve el bienestar y la calidad de vida de la población[5]; tercero, los remanentes urbanos son la conexión primaria que muchos humanos tienen con el mundo natural[6].
Los sistemas urbanos son un flujo a través de sistemas; por mucho, la mayor parte del flujo de energía y materia de la economía humana regresa en forma alterada como aire contaminado o desperdicio a la ecosfera. En lugares donde las ciudades eran espacios confinados y por consiguiente, los remanentes de ecosistemas no eran una prioridad, actualmente, el crecimiento desmedido-desproporcionado y el desarrollo industrial los ha convertido en zonas de bosques de asfalto y concreto. En muchos países la propuesta de desarrollo sustentable es casi imposible de implementar. La evidente destrucción del mundo natural y la pérdida de la biodiversidad como consecuencias del desarrollo científico y tecnológico hizo que a partir del documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983, se adoptara la definición y este concepto de desarrollo en 1993.
Las críticas a esta propuesta de desarrollo, en muchos casos con sustento, son muy comunes en el campo económico, político y social. Sin embargo, es el instrumento internacional para impulsar los mínimos cambios relativos al interés público donde se permita el crecimiento económico-desarrollo humano y el uso de los recursos naturales, lo que presume honradez de los funcionarios públicos, de líderes comunitarios y un mínimo de nivel vida-económico donde la población no dé en pre-venda lo que le corresponde por derecho. La propuesta para el crecimiento económico sustentable parte del supuesto falso de viabilidad.
La mayoría de los países en desarrollo, por no decir todos, carecen del poder político y económico para implementar medidas precautorias y de preservación de sus ecosistemas ecológicos dado que no controlan el proceso productivo de los artículos que consumen. Por ejemplo, le es casi imposible a un país como México exigir a los productores la incorporación de medidas para hacerse cargo del embalaje de las mercancías. Es responsabilidad de los municipios[7], de acuerdo a la legislación mexicana, el procesamiento y la eliminación del desecho sólido (cartón, plástico y derivados), cuando en este caso debería ser responsabilidad de los productores. En términos de responsabilidades la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) contempla en el caso de la Federación, la elaboración del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para las Entidades Federativas la elaboración de Programas en Materia de Residuos de Manejo Especial, y para los Municipios se establece que ellos tendrán a su cargo las funciones de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final conforme a las siguientes facultades. En relación a los residuos urbanos el peso de la ley recae sobre los municipios, y en el caso de residuos de manejo especial éste recae sobre las Entidades Federativas. En muchas ocasiones las firma de convenios o la elaboración de leyes consecuente con los acuerdos internacionales obedece más a presiones y requisitos para obtener préstamos y ayudas económicas que a convicciones o interés público real de modificar las políticas existentes. Mientras esto no se modificado la ecología urbana seguirá siendo un problema académico.
[1] Seto, K.C. et al. (2010) The new geography of contemporary urbanization and the environment. Annu. Rev. Environ. Resources 35, 167–194
[2] Alberti, M. (2008) Advances in Urban Ecology: Integrating Humans and Ecological Processes in Urban Ecosystems, Springer
[3] Ramalho CE., Hobbs RJ., (2012) Time for a change: dynamic urban ecology, Trends Ecol Evol. 27(3):179-88. doi: 10.1016/j.tree.2011.10.008.
[4] Miller, J.R. and Hobbs, R.J. (2003) Conservation where people live and work. Conserv. Biol. 16, 330–337
[5] Bolund, P. and Hunhammar, S. (1999) Ecosystem services in urban areas. Ecol. Econ. 29, 293–301
[6] Sanderson, E.W. and Huron, A. (2011) Conservation in the city. Conserv. Biol. 25, 421–423
[7] Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) de abril de 2003