El Congreso local solicitó un informe por escrito a la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, sobre el boquete de 3 mil 200 millones de pesos causado a la hacienda pública de Puebla, por el pago de 2 mil 600 millones de un adeudo fiscal del gobierno del estado y una inversión de 600 millones que no se ha recuperado, debido a que el banco donde se depositó se declaró en quiebra.
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El documento se requirió como parte de los preparativos de la comparecencia que Castro Corro rendirá ante el pleno en la sesión ordinaria del 1 de junio próximo, convocada por los diputados para que rinda cuentas por esas anomalías que se hicieron públicas gracias a información periodística.
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De acuerdo con la información que ha hecho pública el gobierno estatal de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el adeudo con Servicio de Administración Tributaria (SAT) se originó en 2015, durante la administración del fallecido Rafael Moreno Valle Rosas, y creció hasta llegar a 2 mil 600 millones de pesos porque se cubrió apenas este año.
En tanto, la inversión de 600 millones de pesos que se depositó en el extinto Accendo Banco se autorizó en la gestión de Luis Miguel Barbosa Huerta en 2021. En la operación participó Castro Corro, debido a que está a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) desde 2019.
Bancada mayoritaria de Morena avala la comparecencia
Las condiciones bajo las cuales Castro Corro comparecerá ante el Congreso se acordaron en la Junta de Gobierno y Coordinación Política que preside el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y uno de los diputados más cercanos al gobernador Sergio Céspedes, Eduardo Castillo López.
El pleno avaló el formato en la sesión ordinaria de este 25 de mayo en el que se confirió un plazo de 72 horas a la titular de la SPF, previas a su presentación, para que haga entrega del informe requerido.
Además, se autorizó a la funcionaria acudir con los titulares de las subsecretarías y demás áreas administrativas que integran la estructura orgánica de la dependencia a su cargo, con el objeto de que puedan asistirla con información complementaria.
Cada grupo parlamentario definirá con anticipación al diputado que les dará voz en tribuna, quien contará hasta con cinco minutos para formular preguntas, tiempo del que también gozará la secretaria para dar respuesta. Los legisladores, además, contarán con tres minutos adicionales para ejercer el derecho de réplica o realizar precisiones.