A propósito del proceso electoral que se avecina, académicos, colectivos y movimientos ciudadanos ligados a la defensa de la tierra y el agua en el estado de Puebla exigieron a los partidos políticos y próximos candidatos a pronunciarse por una agenda medio ambiental, ecológica, popular y con justicia social que entre sus ejes rectores derogue la actual Ley Minera y apruebe la iniciativa ciudadana de la Ley de Aguas en el país, mientras que en lo local se desprivatice el servicio del agua, drenaje y saneamiento y se cree la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.
Como un justo reconocimiento a los pueblos originarios a 700 años de la fundación de Tenochtitlan también demandaron sin dilación el reconocimiento pleno de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar.
El pronunciamiento impulsado por el geógrafo por la UNAM, Gerardo Romero Bartolo, y el activista Gerardo Pérez Muñoz fue respaldado por diversas personalidades e integrantes de colectivos, entre ellos el dramaturgo Felipe Galván Rodríguez, el economista Alejandro Chávez Palma, las investigadoras Cecilia Vázquez Ahumada y Eliana Acosta, ambas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Los firmantes expusieron que el próximo 6 de junio en Puebla estará en juego los 16 distritos electorales federales, los 26 distritos estatales y los 217 municipios. También estarán en disputa 217 sindicaturas y mil 810 regidurías.
A pesar de la crisis socio ambiental en el estado, señalaron que no han visto que los partidos políticos tengan como centro de su agenda electoral la protección, cuidado y preservación del sustento mismo de nuestra vida: la política socio medio ambiental, la defensa del territorio, los bienes comunes, el agua, los bosques y los recursos naturales.
Frente a la actual situación de devastación y contaminación –al que calificaron como “infierno ambiental”- dijeron que el actual gobierno de la Cuarta Transformación ha incumplido con sus compromisos de campaña que fue frenar los proyectos extractivistas en el país.
Por el contrario, afirmaron que la política de despojo contra las comunidades indígenas y campesinas sigue vigente.
A nivel federal propusieron cambiar el actual modelo depredador y establecer una política de transición a las energías renovables y abandonar las energías fósiles; prohibir, mediante Ley, la exploración y explotación de fracking en el territorio nacional; abrogar la actual Ley Minera y revisar y en su caso, cancelar las concesiones mineras actuales.
Además pidieron aprobar la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas y revisar y en su caso, cancelar los permisos y concesiones en el país, principalmente a las industrias mineras, refresqueras y de bebidas embotelladas, automotriz, entre otras.
En el ámbito estatal, los firmantes exigieron la abrogación de la Ley Moreno Valle del agua y la remunicipalización de la misma; la realización de una auditoría al SOAPAP, del año 2011 a la fecha; así como declarar al estado de Puebla como territorio libre de proyectos extractivos y desarrollistas.
También que los actuales y futuros cabildos revisen y nieguen los permisos de usos de suelo a las mineras a cielo abierto, explotación del fracking, biopiratería, urbanización salvaje y elaboren, con la plena participación ciudadana, un nuevo ordenamiento territorial de sus municipios y su respectivo Plan de Desarrollo Urbano.
Se garantice en la Constitución local, el derecho por encima de las actividades industriales, comerciales agropecuarias y agroindustriales, de la protección, conservación y preservación de la ecología y el medio ambiente.
Asimismo, exigieron que se tipifique el delito de ecocidio en el Código de Defensa Social del Estado; se cree una Fiscalía Especializada en delitos ambientales y castigo con cárcel y sin derecho a fianza a quién o quienes prendan fuego a montes, matorrales, baldíos y en especial, a nuestros bosques; mientras que la tala de árboles sea tratado como crimen organizado.
Concluyeron que les parece una burla y un gran cinismo e hipocresía, que nuevamente se presenten al proceso electoral del 2021 los mismos partidos y sus candidatos con las mismas promesas de siempre y sus consignas gastadas.
“Primero legalizaron el despojo de nuestros bienes sociales, naturales y energéticos y los entregaron al capital extranjero y nacional, empobreciendo a la inmensa mayoría del pueblo y, por otro lado, se nos pide votar por el partido y coalición que actualmente gobierna y que siendo oposición, se comprometió a modificar dicha situación y problemática sin que hasta la fecha lo haya hecho, como es la remunicipalización del agua en Puebla”, se lee.
Los que suscriben el documento consideraron que todo lo anterior no será posible si las diversas organizaciones, colectivos y movimientos no se unen en un gran frente en ésta lucha.
Entre las organizaciones participantes estuvieron el Grupo Civitas, de Teziutlán, la Red Solidaria de Amnistía Internacional Puebla, Ecología y Feminismo, el Colectivo Ratio, la Universidad de la Tierra, el Movimiento de Autogestión Social Campesino, Indígena y Popular (Mascip), el Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup-CNPA-MN), el Comité de Descendientes del Sexto Batallón de 1862, el Colectivo Matlalcueyetl Alseseca, el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, y el Colectivo Monseñor Romero de Apoyo a Migrantes y el Colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla”.