Más de 80 millones de pesos requerirá la Auditoría Superior del Estado (ASE) para cumplir con la reforma que impulsa el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que delega a ese organismo la facultad de contratar y asignar auditores externos a cada autoridad ejecutora del gasto público en Puebla, informó el titular de la ASE, Francisco José Romero Serrano.
En entrevista con La Jornada de Oriente, avaló la medida al señalar que garantizará el principio de independencia en la fiscalización y terminará con la corrupción, debido a que los auditores externos dejarán de depender económicamente de los sujetos a los que revisan.
La reforma, que se encuentra a la espera de que el Congreso de Puebla inicie su revisión, modifica la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado para que los poderes del Estado, los gobiernos municipales, los órganos autónomos y organismos públicos desconcentrados, así como por las entidades paraestatales y paramunicipales ya no contraten a los profesionales que dictaminen sus estados financieros, contables, presupuestarios y programáticos.
En los más de dos meses que lleva al frente de la ASE, Romero Serrano explicó que ha sido testigo de que el esquema de contratación actual provoca que los auditores externos protejan a quienes pagan por sus servicios.
Olvidan las obligaciones que le mandata la ley, prosiguió el funcionario, de auxiliar a la ASE en los trabajos de fiscalización y de verificar que las operaciones que involucren recursos de la hacienda pública observen principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Ejemplificó con el caso del despacho Resa y Asociados, S.C. que en enero pasado se negó a proporcionarle información de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), con lo que incumplió las fracciones III y IV del artículo 55 de la Ley de Rendición de Cuentas que lo obliga a entregar a la auditoría superior la documentación que le requiera, como sus papeles de trabajo y archivo permanente.
“Contra todo principio de ética, el despacho se negó a entregar la información bajo el argumento de que pertenecía a su cliente”, acusó el auditor superior, quien consideró un tino del gobernador la presentación de la reforma porque acabará los compromisos de los auditores externos con los sujetos de revisión.
Abundó que el esquema de contratación propuesto es una realidad en Tlaxcala, donde el órgano fiscalizador del estado se encarga de pagar los servicios de los auditores externos y de asignarlos a los sujetos de revisión.
En ese contexto, afirmó que la medida se ajusta a la norma constitucional y a los objetivos de la ASE de realizar una fiscalización “absoluta y férrea”.
Dio a conocer que el área jurídica de la ASE inició la revisión de la iniciativa, con la finalidad de hacer aportes durante la dictaminación de la misma en el interior de la Comisión Inspectora del Congreso.